El fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, comentó que la mayoría de las personas detenidas por el delito de narcomenudeo no terminan sentenciados sino en la suspensión del proceso y “salidas alternas” de acuerdo con el sistema de justicia.

Hasta septiembre de este año, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en Coahuila se han registrado 6 mil 326 carpetas de investigación por el delito de narcomenudeo, lo que ubica a la entidad en el tercer lugar nacional después de Baja California y Guanajuato.

El fiscal reconoció que el estado está en los primeros lugares, pero dijo que se tiene que ver desde el punto de vista del vaso lleno y no medio lleno, pues cada carpeta obedece a una detención, es decir, un promedio de dos narcomenudistas detenidos cada día en la entidad.

“Tenemos que analizar la información que se genera. Esta detención nos permite checar quién está comprando los narcóticos al narcomenudeo, cómo los compran, por qué los compran, su correlación con robos y homicidios, eso nos ha dado una reducción importante de homicidios”, aseguró el fiscal.

Refirió que el 70 por ciento de las detenciones se judicializa pero no llega a sentencia, sino que se termina suspendiendo el procedimiento porque se aplican medidas de seguridad precautorias para los probables responsables, como el hecho que tienen que acudir a centros de rehabilitación, a firmar ante la autoridad, una serie de actividades que, según el fiscal, permita tenerlos bajo control judicial.

Critican funcionamiento

Sin embargo, Rafael Mora Garza, director del Centro de Integración Juvenil (CIJ) de Torreón, criticó estas medidas, como hacer que atiendan un problema de adicción, pues afirmó que muchos no cumplen y no necesariamente se trata de problemas de consumo.

También cuestionó los lugares y tipo de tratamiento a los que los dirigen, pues dijo que es indistinto, cuando de por sí los centros de atención certificados son contados con los dedos de la mano.

Otro señalamiento es que el juez los obliga a que acudan durante cierto periodo a partir de una fecha. Para Rafael Mora, un juez no puede determinar el tiempo de tratamiento porque no es igual para todos. Dijo que cada caso es diferente, pueden ser 10 meses, un año.

Para el director del CIJ, se puede hablar de una gran cantidad de detenciones, donde para algunos el problema puede ser el consumo, pero para otros no.