El senador Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, presentó una proposición con punto de acuerdo para exhortar a las autoridades federales y estatales a garantizar las condiciones mínimas de infraestructura materno-infantil en todos los centros penitenciarios que albergan mujeres con bebés.
Según el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Federal y Estatales 2025 del Inegi, al cierre de ese año 280 niñas y niños menores de seis años permanecían viviendo con sus madres privadas de la libertad en centros penitenciarios del país: 145 niñas y 135 niños.
Adicionalmente, el censo reportó 146 mujeres embarazadas y 149 en periodo de lactancia al interior de los penales, lo que evidencia que la demanda de servicios materno-infantiles dentro del sistema penitenciario es significativamente mayor a la capacidad instalada actual.
En su exposición de motivos, el senador por Jalisco explicó que la Ley Nacional de Ejecución Penal reconoce expresamente que las mujeres privadas de la libertad tienen el derecho a la maternidad y la lactancia; conservar la guardia y custodia de su hija o hijo menor de tres años; a recibir alimentación adecuada para éstos; a recibir educación inicial, vestimenta acorde a su edad y atención pediátrica; y a contar con instalaciones adecuadas y los artículos necesarios para una estancia digna y segura.
Existe un déficit estructural
Sin embargo, a pesar de la presencia documentada de cientos de bebés y mujeres embarazadas en los centros de reclusión, existe un déficit estructural alarmante en la infraestructura penitenciaria destinada a la maternidad e infancia.
Por ello, el punto de acuerdo presentado propone exhortar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) y a los sistemas penitenciarios estatales a garantizar dentro de las cárceles salas de parto, áreas de lactancia, espacios de pernocta conjunta madre-hija o hijo, centros de desarrollo infantil y atención pediátrica.
