Un juez federal ordenó considerar a un grupo de médicos privados como pertenecientes a la primera línea de batalla contra el covid-19 para que se les aplique la vacuna contra el virus, independientemente de su edad o sus condiciones de vulnerabilidad.
El juez de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México concedió una suspensión definitiva a los quejosos al considerar que el plan de vacunación del Gobierno Federal se realizó de manera simplista.
El amparo promovido por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad únicamente beneficia a los quejosos, pero el precedente puede ser utilizado para futuras demandas que sean presentadas por personal de salud del sector privado.
“La estrategia de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, elaborada por el Gobierno de México, no es acorde con el documento denominado ‘Orientaciones para la planificación de la introducción de la vacuna contra la covid-19’, emitido por la Organización Panamericana de la Salud (OMS); toda vez que de manera simplista se definieron las etapas de vacunación tomando en cuenta, para la primera etapa, únicamente a los trabajadores de la salud en la primera línea de control de covid y la edad de la población mexicana, pasando por alto que, de conformidad con el documento internacional de referencia, se debe dar prioridad, además de los trabajadores de la salud y personas de edad avanzada, a los grupos de mayor riesgo identificados según la situación epidemiológica”, señaló el juez.
“De igual manera, para efectos de las etapas subsecuentes (de la segunda a quinta etapa), se limitó a establecer un calendario, únicamente tomando en cuenta la edad de la población y la adquisición de la vacuna de Pfizer-BioNTech, al ser la primera en lograr la autorización sanitaria correspondiente; sin embargo, no consideró para efectos de la estrategia de vacunación la situación epidemiológica del país (…), aunado a ello, no precisó las acciones inmediatas que actualmente se encuentra realizando en materia de autorización sanitaria y adquisición de las diversas vacunas que en contra de la multicitada enfermedad existen en el mercado, siendo que tal cuestión resulta indispensable para agilizar la estrategia de vacunación y con ello reducir el impacto de la enfermedad de la covid-19 en la salud, economía y la sociedad”.
Consideró que estas omisiones incidieron en la obligación del Estado mexicano de dar un trato igualitario al resto del personal médico, independientemente de si pertenecen al sector público o privado, pues se encuentran expuestos a pacientes con covid-19.
