La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, señaló que la mesa de seguridad federal es la instancia competente para valorar la solicitud de Morena para implementar medidas de protección extraordinarias para candidaturas de Guanajuato tras el asesinato de Gisela Gaytán y agregó que se estarán recibiendo peticiones adicionales.
En entrevista a medios expuso que los Organismos Públicos Locales han seguido el protocolo de seguridad establecido, pero no descartan que puedan realizarse cambios.
Expuso que en la mesa de seguridad que se llevó a cabo el jueves se abordó el tema del protocolo y considero que el camino seguirá siendo recibir las peticiones ya sean federal o locales, y que las propias instancias de seguridad definirán qué tipo de seguridad amerita.
Recordó que el protocolo establece que las peticiones de seguridad de candidaturas locales deben remitirse a la autoridad electoral estatal, que a su vez lo envía a las instancias de seguridad.
A un año de asumir la presidencia del INE, la consejera Guadalupe Taddei hizo un llamado a reflexionar sobre la transición a una “evolución institucional” y garantizar la racionalidad de los recursos, a 10 años de la consolidación del Sistema Nacional de Elecciones.
Sostuvo que al concluir el proceso electoral de 2024 están obligados a realizar un análisis profundo sobre el INE, el diseño organizacional y de competencias sustantivas; la relación interinstitucional con los Oples; la búsqueda de alternativas de modalidades de voto y su conteo.
Sobre irregularidades
Por otra parte, Luis Osvaldo Peralta Rivera, titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, denunció que en la administración de Lorenzo Córdova Vianello, el órgano a su cargo detectó irregularidades por más de 400 millones de pesos.
Durante una reunión con integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, el contralor advirtió que por lo anterior existen diversas denuncias en curso contra “los más altos funcionarios”.
Aclaró que en el caso de los servidores públicos del INE que ya no están en funciones, como sería el caso de excomisionados, “ya no podemos más que amonestar para efectos de registro, ya no podemos destituir”.
