El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, informó que de 2012 a 2018, durante los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y de Enrique Peña Nieto, se destinaron cinco mil 914 millones de pesos en servicios de espionaje, y aseguró que en la presente administración de Andrés Manuel López Obrador no se han contratado a las empresas que dieron estos servicios.
Indicó que de las empresas que contrataron estos servicios de espionaje está la entonces Procuraduría General de la República (PGR), Banobras, Conagua, así como diversos gobiernos estatales, como el de Veracruz en el periodo de Javier Duarte.
“Los montos contratados en total de depósitos a estas empresas son cinco mil 914 millones de pesos y en retiros dos mil 889 millones de pesos.
“Entre las empresas beneficiadas se encuentran el Grupo Balam, que tuvo depósitos en millones de pesos de más de 910 millones de pesos; el Grupo Tech Bull con 527 millones de pesos. Hay que recordar que se encuentra también concentrado aquí la adquisición del malware ‘Pegasus’ y hay una serie de empresas relacionadas con 15 transacciones de manera financiera.
“Cabe señalar los periodos de contratación: estamos hablando de contratos desarrollados durante el año 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018”.
Afirmó que estas contrataciones concluyeron el 31 de diciembre de 2018, y que “durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador estos grupos no han sido contratados por el Gobierno Federal”.
Juez determinará si proceden denuncias contra presidente del TEPJF
Por otra parte, dijo que será un juez de Control el que determine si proceden o no las investigaciones iniciadas en contra de José Luis Vargas Valdez, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Recordó que presentaron una nueva denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra José Luis Vargas Valdez por presunto enriquecimiento ilícito y posible utilización de empresas fantasma para triangular recursos.
“Sólo podría decir que se ha entregado información a la FGR en dos ocasiones; para el primer caso hubo una determinación de no ejercicio de la acción penal, nosotros lo impugnamos, y será un juez de Control el que determine”, señaló.