El desarrollo del muelle de cruceros en Cozumel, Quintana Roo, es una de las 39 obras inscritas dentro de los Proyectos de Reactivación Económica acordados por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el sector privado en octubre del 2020; sin embargo, está enfrentado oposición con amparos de grupos ambientalistas.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), que promovió amparos contra el Tren Maya y la Refinería Olmeca, llevó a cabo otro más, ahora para detener la construcción del nuevo muelle que representa una inversión de 511 millones de pesos, el cual está siendo revisado por el Juzgado Tercero de Distrito con sede en Cancún, que encabeza Pamela López.
El colectivo ciudadano Isla Cozumel, con el acompañamiento jurídico del Centro contra la Discriminación, también interpuso otro amparo ante el Poder Judicial federal, a fin de suspender la obra, señalando como autoridades responsables al presidente López Obrador y a las secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT), Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y Hacienda y Crédito Público (SHCP), debido a que no fue respetado el “derecho a la ciudad”.
El pasado 5 de enero fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “Título de concesión otorgado a favor de la empresa Muelles del Caribe S. A. de C. V., para usar y aprovechar bienes de dominio público de la Federación”.
De acuerdo con fuentes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la construcción del nuevo muelle de cruceros en Cozumel cuenta, desde finales del 2021, con todas las autorizaciones de la Semarnat y Semar. Alertaron que en caso de que la obra sea suspendida, las dos terminales que actualmente operan en la zona, concentrarían el mercado de arribos de cruceros a la isla.