La implicación del Cártel Arellano Félix en el asesinato de los periodistas Margarito Martínez y Lourdes Maldonado sólo se explica por la colusión entre el gobierno y el crimen organizado, afirmaron diputados federales de los Partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), quienes ya impulsaron diversas iniciativas para fortalecer la protección de comunicadores.

En entrevista, Jorge Álvarez Máynez, coordinador de MC en San Lázaro, advirtió que en los homicidios de Martínez y de Maldonado se desestimaron diversas líneas de investigación.

“Lo que se ha documentado es que por un lado este clima de violencia no se podría entender sin las omisiones del gobierno, y por el otro lado es claro que el presidente cometió un error al desestimar líneas de investigación, porque el clima no se explicaría sin la colusión entre crimen organizado y el gobierno, por eso no se debe desestimar ninguna línea de investigación en el asesinato de Margarito y de Lourdes”, puntualizó el diputado naranja, quien apenas el miércoles presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para exigirle que emita una recomendación “para que cese el clima de hostigamiento y abuso de poder contra los periodistas”.

La bancada de Máynez presentó una iniciativa el jueves para reformar el artículo 49 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a fin de establecer que “las personas servidoras públicas se abstendrán de utilizar, sustraer, ocultar, alterar, destruir, transferir, divulgar, explotar o aprovechar información en su poder, o de otras personas servidoras públicas, que perjudique, ponga en riesgo o cause daño a las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”.

Agrega que la sanción será de uno a cinco años de prisión, multa de 50 a 500 pesos y suspensión de profesión en su caso de dos meses a un año.

Cuando el sujeto activo sea servidor público también se le aplicará destitución e inhabilitación para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión públicos por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.