La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó el acuerdo presidencial sobre la permanencia de las Fuerzas Armadas (FA) en las calles hasta 2024, porque no invade competencias de los estados y municipios en materia de seguridad pública, ya que dicha labor compete a los tres niveles de gobierno, según el artículo 21 constitucional.
De esta manera, una mayoría de seis ministros desechó las controversias constitucionales que interpusieron los municipios de Colima y de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, al igual que el Gobierno de Michoacán contra el acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador, por el que se dispone del Ejército, Fuerza Aérea Mexicanos y Marina para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, mientras la Guardia Nacional desarrolla sus capacidades operativas.
El máximo tribunal del país determinó que las labores militares no implican subordinación, dependencia o intromisión del Poder Ejecutivo federal, puesto que la intervención de las Fuerzas Armadas es extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, tal como lo dicta el mismo acuerdo.
Al respecto, la ministra Margarita Ríos Farjat enfatizó que es constitucional la coordinación que existe entre las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar) en el contexto en que se está consolidando la Guardia Nacional (GN).
En contraste, el ministro Luis María Aguilar Morales, quien votó en contra del acuerdo presidencial, afirmó que el acuerdo “no cumple con los requisitos de debida fundamentación para justificar lo extraordinario de la medida y que no se señalan las circunstancias que permitan colegir que procedía crear y aplicar el artículo transitorio constitucional, y por qué la justificación sustantiva, expresa, objetiva y razonable de los motivos por los cuales se determinó la emisión del acto reclamado, no están señalados específicamente”.