El Gobierno Federal ha evitado pedir prestado a los Organismos Financieros Internacionales (OFI) para llevar a cabo proyectos de desarrollo social.
Se trata de una opción no tan barata, pero más transparente que tiene varios candados y pide rendición de cuentas.
La política oficial de evitar endeudarse de más en el extranjero incluye a las opciones que representan instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), cuyos brazos financieros apuestan por proyectos sostenibles y para desarrollar en conjunto con el sector privado.
La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una estrategia de contratar préstamos con los OFI únicamente como un complemento a la emisión de deuda en los mercados internacionales, y solo si es muy necesario.
A diferencia de sexenios anteriores, solicitó reducir el monto de endeudamiento para no deberle más a estas instituciones, con un enfoque defensivo.
La única excepción fue en 2020, durante la emergencia sanitaria, cuando México accedió a un préstamo por mil millones de dólares del Banco Mundial para respaldar la respuesta del Gobierno Federal al covid-19.
Antes de la pandemia, el costo del dinero prestado estaba casi en 0 % y ahora es más caro debido a la subida de tasas de interés en casi todo el mundo para enfrentar la crisis inflacionaria.
Hoy, con otro nivel más alto de tasas de interés, se encareció la deuda que varios países contrataron con estos organismos, así como el pago de su servicio con una sobretasa adicional a la del mercado.
BM
Antes de la crisis financiera del año 2008, el financiamiento aprobado por el Banco Mundial para México era por un monto anual promedio de mil millones de dólares.
Durante la administración del presidente López Obrador se inició con 900 millones de dólares, cuyo monto subió en los dos años siguientes a mil 230 millones y mil 725 millones, respectivamente, con el objetivo de poder enfrentar la pandemia.
Después, para 2022, el gobierno decidió reducir el monto aprobado a 700 millones de dólares.
