México llega al Día Internacional de la Mujer con 6 mil 440 feminicidios cometidos de enero de 2019 a enero de 2026, siendo Sinaloa, la Ciudad de México y el Estado de México, las entidades en las que se registra el mayor número de delitos de este tipo, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
En ese lapso, también han sido víctimas de feminicidio 635 niñas y adolescentes de 0 a 17 años, señala el reporte.
“Llegamos a este 8 de marzo en un contexto alarmante. Desde nuestra experiencia documentada, sostenemos que el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia feminicida continúa siendo una lucha contra estructuras institucionales que reproducen desigualdad, estereotipos de género e impunidad patriarcal”, señala el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF).
Destaca que la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), uno de los mecanismos más importantes para enfrentar las violencias graves contra las mujeres, niñas y adolescentes, se encuentra hoy debilitada, opaca e ineficiente.
No se observan avances
Señala que a un año de que la Secretaría de las Mujeres federal asumió su seguimiento, no se observan avances, por el contrario, se reformó el artículo 23 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, eliminando la obligación expresa de que los estados alertados informen cada seis meses sobre el cumplimiento de las medidas.
Ahora, los informes quedaron sujetos a lo que determine un sistema nacional que, en la práctica, ha demostrado ser ineficiente y ajeno a las problemáticas estatales y de propio mecanismo; tal como ocurrió en sus inicios, cuanto tenía la facultad de iniciar investigaciones que llevaran a declarar la AVGM, atribución que nunca ejerció ni una sola vez.
Debilitamiento
“Lo que estamos viendo no es un fortalecimiento del Estado frente a la violencia feminicida, sino un debilitamiento de los mecanismos que costaron años de lucha construir. Quitar la obligatoriedad de los informes, centralizar decisiones sin rendición de cuentas y plantear el levantamiento de Alertas sin evaluaciones públicas y técnicas es un mensaje claro de retroceso en la protección de los derechos de las mujeres”, señaló María de la Luz Estrada, directora del OCNF.
