“No hay manera en que el gobierno mexicano pueda impedir la imposición de la pena de muerte”, declaró el licenciado Marco Antonio Avilés, parte de la defensa de Miguel Ángel Treviño, “Z40”, y Alejandro Omar Treviño Morales, “Z42”, exlíderes de “Los Zetas”, quienes fueron parte del “paquete masivo” de integrantes del narcotráfico mexicano entregado a Estados Unidos.
El gabinete de seguridad informó que el traslado de 29 personas relacionadas con delitos de alto impacto fue una solicitud del país estadounidense, en la que la decisión le correspondió únicamente al gabinete; asimismo se mencionó que se contaba con información del riesgo de posibles liberaciones, y considerando las actividades delictivas a las que se dedicaban se procedió a realizar el traslado.
Por otra parte, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, señaló que dicho movimiento se fundamentó de acuerdo a la Convención de Palermo y la Ley de Seguridad Nacional.
En entrevista con El Universal, el litigante señaló que no existe manera de que México garantice que no se aplique la condena máxima a las personas que fueron “trasladadas” a territorio norteamericano, así como lo insinuó el fiscal.
“Nosotros tenemos un acuerdo muy claro en el sentido que una legislación como la mexicana que no tiene esa sanción, debe ser respetada en los países que nosotros tenemos un convenio. Nuestra garantía es la ley (...) cuando se sujeta a una operación a una convención internacional; como fue en este caso se tienen que respetar las condiciones de esa convección, no hay duda”, señaló Gertz Manero en conferencia de prensa al ser cuestionado sobre la posible pena de muerte contra seis narcotraficantes que fueron enviados al país vecino del norte.
El defensor legal indicó que no hay forma de garantizar esto, en su caso puede promover un recurso en el Estado de Derecho internacional, sin embargo, solo quedaría en una “opinión”.
Ya que la forma en la que se dieron los “traslados” fue de forma ilegal y se entregaron a las autoridades estadounidenses sin ninguna garantía de que no se les impusiera la pena de muerte, la cual ahora sí es una posibilidad.
“Un destierro”, por más que quieran justificarlo
El penalista señaló que la figura jurídica a la que fueron sometidos sus clientes es un destierro, “por mucho que quieran justificarlo en que es un traslado, esto es un destierro”, dijo.
Asimismo, indicó que era evidente que hubo una violación a todas las suspensiones que se tenían y no como el fiscal general justificó en conferencia de prensa.
“No se pueden violar suspensiones sobre un procedimiento que es ajeno a esas suspensiones”, declaró Gertz Manero, quien también argumentó que la operación se apegó a lo fundado en la Convención de Palermo y en el artículo 5º de la Ley de Seguridad Nacional.
Sin embargo, Antonio Avilés señaló que sí hubo una violación a las suspensiones, derechos humanos y todo procedimiento que se tuvo que haber realizado antes de trasladarlos a Estados Unidos.
Se equivoca el fiscal en su apreciación
Durante la conferencia del pasado 28 de febrero, el titular del FGR, declaró: “En este caso, con una solicitud debidamente fundada del gobierno de Estados Unidos, es como se hizo esto. Sobre la base más estricta de esta ley federal que tiene 20 años de vigencia. El artículo quinto de la Ley de Seguridad Nacional y el artículo 89 de la Constitución General de la República, esas son las bases jurídicas”.
En este sentido, el abogado señaló que el fiscal se equivoca en la apreciación de la Convención de Palermo y la Ley de Seguridad Nacional, ya que no se justificó de forma fehaciente que realmente los señalados fueran un peligro inminente al estar en México o que contribuyeran a ser un problema de seguridad nacional.
“México perdió la oportunidad de ser garante de derechos humanos.
“México perdió la oportunidad de ser garante de derechos humanos, todo lo contrario, colabora en forma activa a la violación de derechos humanos”, declaró el licenciado Marco Antonio Avilés, al hacer hincapié en la violación de las suspensiones.