Cuando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, inició la ronda oficial de conversaciones binacionales con su par estadounidense Joe Biden y su comitiva durante la pasada Cumbre de Líderes de América del Norte, enmarcada en el T-MEC, pidió al mandatario de EE. UU. por favor “dejar de lado el olvido sobre América Latina y el Caribe”.
De inmediato, Biden le recordó que “en los últimos 15 años [Estados Unidos] ha gastado miles de millones de dólares en el hemisferio latinoamericano”, incluidos los tres mil 500 millones de dólares aplicados a México a través de la defenestrada Iniciativa Mérida, operada de 2008 a septiembre de 2021, cuando López Obrador decidió cancelarla y poner en marcha el llamado Entendimiento Bicentenario.
Este plan, que busca combatir la criminalidad y la migración indocumentada, queda mucho a deber. “El Entendimiento Bicentenario es pan con lo mismo, pero con pan duro y rancio, es decir, peor”, señala desde Texas el analista y abogado Guillermo Alberto Hidalgo, asesor de seguridad binacional.
“Si bien es cierto que la Iniciativa Mérida tenía ciertos candados que no te permitían comprar armas o equipo táctico que no fuera estadounidense, hoy lo que tenemos es un plan enfocado a la seguridad interior de EE. UU., por más maquillaje que el gobierno mexicano quiera ponerle en cuestiones de bienestar para México”, añadió.
Mientras que la Iniciativa Mérida tuvo una vida útil de 13 años, enfocada especialmente en migración y narcotráfico, el Entendimiento Bicentenario nació oficialmente el 14 de diciembre de 2021 y entró en vigor en 2022.
Tiene tres metas comunes: proteger a la población de ambos países, prevenir la criminalidad transfronteriza y perseguir las redes criminales. De éstas se desprenden 26 objetivos y 102 acciones conjuntas que deben cumplirse entre 2022 y 2024.
El primer año de la Iniciativa Mérida, en 2008, George W. Bush le puso sobre la mesa a Felipe Calderón 300 millones de dólares; antes de ser desarticulada, la cifra acumulada era de tres mil 500 millones de dólares.
Biden, con el Entendimiento Bicentenario, le puso a López Obrador en 2022 sólo 158 millones y este 2023, la administración Biden, aunque ya publicó la ley del presupuesto para este año, no aparece nada sobre este y tampoco se ha dicho cuánto van a aportar.
Sea la cantidad que sea, tiene importantes restricciones su aplicación en la práctica.
“Por ejemplo, al no ser un cuerpo civil la Guardia Nacional en México, al igual que las Fuerzas Armadas, no aplica ningún tipo de recurso económico para ellos; lo único que podrían recibir es apoyo de equipo táctico y capacitación”, subraya Hidalgo.
EE. UU. tiene derecho a supervisar, a través de controles internos y externos, la aplicación del presupuesto entregado a México en el marco del acuerdo Bicentenario; la pregunta es si lo harán público y si intervendrán “en caso de que el gobierno mexicano esté haciendo lo que se le dé la gana con ese dinero”, finaliza el abogado.
Entre lo más destacado, el gobierno de López Obrador se comprometió a una mejor y más efectiva supervisión y coordinación de los pasos terrestres de migrantes en ambas fronteras mexicanas, así como mejorar la vigilancia en aeropuertos y puertos marítimos. Todo enfocado al tráfico de drogas, pero particularmente a la migración.
Habrá que ver si los 20 mil agentes de la Guardia Nacional pueden seguir haciendo las veces de muro fronterizo para detener a los migrantes que desde Centroamérica ingresan a territorio mexicano para tratar de llegar a la frontera estadounidense.
En la frontera norte de México, el Título 42 y Título 8 continúan vigentes y la administración Biden sigue sacando a migrantes a territorio mexicano.
EE. UU. sí ha incrementado la expulsión y deportación de migrantes, México ha aceptado recibir a migrantes de otros países por “razones humanitarias”, pero detrás existe una presión de parte del gobierno estadounidense. A cambio, Washington ve para otro lado ante temas polémicos en suelo mexicano, trátese de violencia, de reforma electoral u otras.
