Sin importar los operativos policiales y militares de contención migratoria, las polémicas diplomáticas en un tupido cruce de acusaciones políticas y los lamentos sociales por el azote de un drama humanitario, una realidad predomina en la migración irregular de seres humanos de América Latina y el Caribe a Estados Unidos: es un negocio que todos los años se salda con ganancias y ganadores de miles de millones de dólares.
Tras enriquecer a las mafias que cobran miles de dólares por movilizar a cada uno de los millones de latinoamericanos y caribeños que intentan entrar sin visa a Estados Unidos, la actividad provoca que los migrantes, al enviar dinero a sus parientes en sus países de origen, aceitan el aparato privado de intermediación financiera y bancaria que opera ese sistema y oxigenan y alimentan las finanzas públicas con un flujo de recursos baratos.
En el engrase del mecanismo, Estados Unidos y México acceden a mano de obra de bajo costo.
Crisis migratoria
Con este panorama parecería que existen poderosos factores políticos, gubernamentales, empresariales y criminales a los que tampoco les interesaría solucionar la peor crisis migratoria de América en el Siglo XXI.
“Es muy conveniente para los gobiernos seguir recibiendo las remesas sin tener que pagar intereses por ese dinero”, afirmó el ecuatoriano William Murillo, presidente ejecutivo, vocero y cofundador de 1800Migrante, firma no estatal de asesoría migratoria de Nueva York, Quito y Madrid.
Los bancos centrales de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua reportaron que el monto de las remesas a esos países, fuentes masivas de migrantes irregulares que pretenden instalarse en Estados Unidos, subió de 32 mil 328 millones de dólares en 2021 a 37 mil 690.5 millones de dólares en 2022. La inyección monetaria movió las economías de las cuatro naciones y ayudó a sus gobiernos a sofocar sus carencias financieras.
