De acuerdo con datos disponibles, el país tiene el primer lugar mundial en producción de plata. Además, se halla entre los diez principales productores de 16 diferentes minerales. El sector minero-metalúrgico contribuye con el 4.9 por ciento del Producto Interno Bruto nacional. Anualmente genera más de 300 mil empleos directos y más de 1.6 millones de empleos indirectos, de acuerdo con un reporte del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Toda actividad productiva acorde con el medio ambiente es positiva porque crea riqueza que se redistribuye mediante el pago de contribuciones, independientemente de las fuentes de trabajo que crea y que benefician a la sociedad. En lo anterior, como en toda actividad humana, el acuerdo, pero sobre todo el respeto a la ley, darán mayores posibilidades de avanzar en todos los sentidos. Oponerse sin razón jurídica a la productividad, lo único que traerá es retraso y rezago.
La Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, de tiempo atrás ha solicitado a los países sede de empresas del ramo, apoyar acciones para asegurar que respeten las garantías de los pueblos originarios.
Es un tema de actualidad en Latinoamérica, que mueve a reflexión en cuanto a que el Derecho tutela las garantías de todos, y no obstante que la Relatoría reconoce que las normas internacionales en la materia no son vinculantes a las compañías que operan en las comunidades indígenas, es de esperarse que unas y otras ajusten sus acciones al marco legal de cada país, que sí es de observación obligatoria.
Se argumenta que las comunidades indígenas “aún no gozan en la práctica” de los derechos que internacionalmente se les ha reconocido, y “se siguen cometiendo violaciones”, ante lo cual el único argumento válido es que en aquellos países en que esto sea así, se corrija, y se respeten sin restricción todos los derechos de estos pueblos, sin embargo, por otra parte, es pertinente también hacer notar que debe haber respeto de las poblaciones que respaldan esta actividad, por lo general cercanas a los sitios de trabajo de estas empresas que pagan contribuciones y se ciñen a los respectivos marcos legales nacionales, para que puedan laborar en paz, sin ser objeto de presión alguna, como ha ocurrido.
Es totalmente encomiable la postura de la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en tanto que pugna por el respeto a las garantías de las comunidades y de las personas, y por lo consiguiente, por el derecho de todos.
Se dice que el país es propicio para la inversión en esta materia, pese a que nivel regional se encuentra en segundo sitio, luego de Estados Unidos y Canadá, pero además la expectativa es amplia ya que sólo se ha explorado un 30 por ciento del potencial.
Ciertas empresas sostienen que en un 70 por ciento existen condiciones favorables para la explotación de minerales, por lo que en algunos casos particulares la expectativa ha sido de duplicar la capacidad productiva en la actualidad.
Como se sabe, Chiapas cuenta con un potencial que apenas se ha comenzado a proyectar, sin embargo, como en algunas otras entidades, al tratarse de inversiones considerables, se ha dado el caso de que se crean dificultades cercanas a estos proyectos que dan la impresión de tener un transfondo en los argumentos, lo cual debe cambiar.
