La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó que los ministros no van a usar las nueve camionetas blindadas, Grand Cherokee que adquirió, además de solicitar que se inicie el proceso para su devolución o, en su caso, ponerlos a disposición de juzgadores que enfrentan mayores riesgos, con apego a la normatividad aplicable.
En redes sociales, el máximo tribunal del país reiteró su compromiso con el uso eficiente y responsable de los recursos del pueblo, así como el trabajo permanente para lograr una justicia real y verdadera.
“Con relación a los vehículos adquiridos, ministras y ministros de esta SCJN informan su decisión de no utilizarlos.
“Con el fin de precisar la información, se ofrecerá una conferencia de prensa (hoy lunes) en las instalaciones de este máximo tribunal”, precisó la Corte.
De acuerdo con el catálogo de estas camionetas, los precios oscilan entre el millón 69 mil pesos hasta un millón 777 mil 900 pesos, todo depende del equipamiento y si es motor a gasolina o si es una versión híbrida y hasta 4X4.
En el interior, los vehículos cuentan con proyección a color de 10” en el parabrisas, un sistema Uconnect 5 con pantalla táctil de 10”, sistema de sonido premium McIntosh, pantalla interactiva del pasajero, iluminación ambiental led, los interiores son de piel Palermo con Nappa acolchada.
El jueves pasado, la SCJN dio a conocer que había tomado la decisión de renovar la flotilla vehicular asignada a ministros, mediante la adquisición de nueve unidades.
Esto con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas de seguridad y protección de la integridad personal de quienes desempeñan funciones de alta responsabilidad institucional.
“Con el propósito de no generar un gasto mayor para la institución, esta adquisición se llevó a cabo de manera paralela al proceso de desincorporación de un parque vehicular mayor al adquirido.
“Con ello, la SCJN reafirma su compromiso con una gestión responsable del gasto público y el uso racional de los recursos, sin comprometer las condiciones de seguridad para el ejercicio de la función jurisdiccional”, refirió en una tarjeta informativa.
Indicó que la determinación, de renovar la flotilla, contó con opiniones técnicas emitidas por autoridades federales, concluyendo que las unidades en uso ya no cumplían con los estándares adecuados de seguridad, por lo que su continuidad comprometía su operación.
