Montaña de Guerrero registra 168 feminicidios desde 2014

Montaña de Guerrero registra 168 feminicidios desde 2014

El informe “Mujeres de la Montaña, Renacer entre los Filos del Olvido”, elaborado por el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, revela que en esa región se han registrado 168 víctimas de feminicidio entre 2014 y 2026; sin embargo, muchos casos no son clasificados de manera oficial como feminicidios sino como otros delitos, lo que reduce su visibilidad en las estadísticas oficiales.

Durante su presentación en el Senado, Abel Barrera, director del centro, expuso que los testimonios describen escenarios de alta brutalidad, con mujeres encontradas calcinadas dentro de vehículos o asesinadas con machetes, evidenciando un patrón de violencia grave y sistemático.

En municipios como Tlapa de Comonfort, en Guerrero, se denuncia que únicamente existen tres asesoras jurídicas para atender a 21 municipios, lo que resulta insuficiente para garantizar atención a víctimas. Esta carencia obliga a muchas mujeres a pagar asesoría legal privada, una opción inaccesible para la mayoría, provocando que numerosos casos de violencia no sean denunciados.

Además, persisten prácticas como el matrimonio forzado infantil y la imposición de roles de género tradicionales: muchas niñas son obligadas a seguir patrones culturales que limitan su desarrollo, y al llegar a la mayoría de edad son relegadas con frecuencia, migrando a campos agrícolas o siendo forzadas a formar familias.

ONU

La representante adjunta de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Maia Campbell, destacó que el informe también propone una ruta para resolver estas problemáticas, como reconocer la naturaleza estructural de la violencia que enfrentan las mujeres de la Montaña y, a partir de ello, fortalecer la presencia del Estado.

Principalmente, proveer de apoyo en los rubros de salud, educación, protección institucional y acceso a la justicia con enfoque diferenciado para las mujeres y niñas indígenas, además de garantizar respuestas institucionales inmediatas y efectivas, sobre todo en casos de feminicidios, matrimonios forzados y desapariciones.