Morena confía que la SCJN obligue a INE cumplir

Morena confía que la SCJN obligue a INE cumplir

Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) aplazara temporalmente el proceso para la revocación de mandato por falta de presupuesto, Mario Delgado respondió que Morena va a seguir luchando hasta conseguir la revocación porque “el pueblo de México ya despertó”.

El presidente del partido guinda, a través de un video en su cuenta oficial de Twitter, indicó que la ciudadanía había entregado 4 millones de firmas, un millón más de lo que pide la ley, para que el INE se viera obligado a la revocación de mandato, donde además acusó que los consejeros de dicho organismo se han sumado al bloque conservador.

Asimismo, Mario Delgado señaló que espera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) obligue al INE a cumplir con su función y respete el derecho de los mexicanos a la revocación de mandato.

Gobernadores piden reconsiderar revocación

Por lo anterior, los 18 gobernadores de Morena y partidos aliados llamaron al Instituto Nacional Electoral (INE) a reconsiderar la decisión de aplazar la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues manifestaron que no sólo va en contra de lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre esta consulta, sino que atenta y limita los derechos políticos consagrados en la Constitución.

En una carta conjunta, los gobernadores de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas afirman que esta decisión también busca impedir el libre ejercicio del derecho a la democracia de los mexicanos.

Por su parte, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, anunció que su grupo parlamentario acompañará la queja del presidente de San Lázaro, Sergio Gutiérrez Luna, ante la resolución del INE sobre la revocación de mandato.

Sostuvo que la determinación del órgano autónomo es fraude a la ley y un atentado a la democracia, “cometido por una camarilla de consejeros que una vez más demuestran sumisión a intereses ajenos al mandato constitucional”.