Después de que el gobierno de Estados Unidos imputó a Raúl Castro por cargos de asesinato, diputados de Morena, integrantes del Grupo de Hermandad México-Cuba, cerraron filas con el expresidente cubano y rechazaron la acusación formal en su contra por el derribo de dos aviones estadounidenses el 24 de febrero de 1996.
“La acusación no representa un paso hacia la rendición de cuentas, como menciona el gobierno estadounidense, sino el reforzamiento de actos de coacción política en contra de la soberanía de una nación”, coincidieron los legisladores en un pronunciamiento a nombre de su grupo parlamentario, el cual fue compartido por la embajada de Cuba en México.
Esta postura desató críticas del subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, quien resaltó el hecho de que el posicionamiento no fue signado por ningún legislador que se responsabilizara directamente por las declaraciones vertidas y el apoyo a un “régimen abiertamente dictatorial”.
El pronunciamiento inicial de Morena en San Lázaro advirtió que en el año 1996 los argumentos de un supuesto ataque a civiles sirvieron de pretexto para imponer la Ley Helms-Burton, que agravó el sesgo económico de Cuba y profundizó la crisis de su pueblo.
“No aceptaremos la criminalización ni las amenazas de pena de muerte contra iconos revolucionarios que han consagrado su vida por defender la autodeterminación de los pueblos y la dignidad de su nación”, indicó sobre el hermano de Fidel Castro.
El vocero de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, indicó que los posicionamientos oficiales de su bancada se construyen y emiten conforme a mecanismos establecidos en su Reglamento Interior.
Debido a que el pronunciamiento a favor de Raúl Castro no se publicó en cuentas oficiales, aclaró que este respaldo solo corresponde al ejercicio legítimo de libertad de expresión y representación política de grupos de amistad o diputados en lo individual.
