El Senado de la República recibió un oficio enviado por la Comisión de los Derechos Humanos (CNDH) que contiene el Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México.
El documento precisa que aunque existen avances para combatir este delito, como la reforma al artículo 73 constitucional y la iniciativa presentado por el Ejecutivo Federal para emitir una Ley General, a la fecha los avances no son los esperados y los pendientes aún son muchos.
La CNDH advierte la existencia de un problema estructural dentro del diseño institucional y la operación de las distintas instancias del Estado mexicano, lo que impide los avances deseados.
Señala que no existe posibilidad de dimensionar el problema debido a la falta de datos que permitan determinar con certeza el número de casos que serían propiamente desapariciones forzadas imputables a autoridades del Estado, y los que serían responsabilidad de particulares, la delincuencia organizada o alguna otra causa.
Para revertir o mitigar este delito, la CNDH propone elaborar un exhaustivo Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas y Desaparecidas, a partir de criterios claros, homologados y públicos, sobre la forma en que se califican las denuncias de desaparición, las investigaciones que se llevan a cabo y la manera en que reportan los casos.
También la profesionalización de los servidores públicos encargados de procesar y reportar la información.
Asimismo, la expedición del Reglamento de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas; y la aplicación del protocolo homologado de búsqueda de personas desaparecidas que genere una reacción inmediata de las autoridades, para dar con el paradero de las personas, entre otras propuestas.
