Hace 39 años, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas proclamó el 8 de marzo Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Sin embargo, 67 años antes, en 1910, más de 100 mujeres habían aprobado declarar esa misma fecha como Día Internacional de la Mujer Trabajadora, durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Trabajadoras, en Copenhague, Dinamarca.
Hay otros hechos que pudieran considerarse antecedentes en la intención de nombrar un instante en la vida con el fin de reflexionar sobre el papel de ese sector en la sociedad, su circunsantancia y sus problemas, diferentes y similares, en cualquier lugar del mundo.
En algunos sitios, en diversas naciones, como en la nuestra, tienen en ciertos ámbitos y estratos, menores posibilidades que los hombres de satisfacer necesidades básicas, como la alimentación, acceso a vivienda y a servicios de salud especializados, pese a los esfuerzos que hacen los gobiernos para revertir esas situaciones de clara desventaja.
Por ello se reconoce el trabajo de la actual administración, estatal y federal, al impulsar a la mujer en las diferentes responsabilidades que tiene dentro de la sociedad. Nunca como ahora, con tanto empeño y con tan diversas acciones, se ha configurado una política interinstitucional para intervenir desde la base hasta colocarlas en una situación de autosuficiencia, con servicios como salud para ella y sus hijos o facilidades para el acceso a la vivienda.
Para cambiar situaciones de vulnerabilidad se han ubicado tres ámbitos en los que se perciben dificultades para que las mujeres disfruten de sus derechos económicos, sociales y culturales, que son el trabajo, la educación y espacios relacionados con su acceso y control de recursos económicos.
Por eso cada día son más visibles estas medidas que pretenden garantizar el derecho de las mujeres al trabajo, la educación y al acceso al control de recursos económicos en condiciones de igualdad.
Es cierto también que continúan expuestas a diversas formas de discriminación
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expone que en esta región del mundo, la discriminación contra ellas, unida a desigualdades e inequidades estructurales entre unos y otras, se refleja en un amplio rango de indicadores.
La discriminación contra este sector de la población persiste en el mercado de trabajo y más allá, también en su acceso limitado a la seguridad social, altas tasas de analfabetismo de mujeres y niñas en comparación con los hombres, y una situación de pobreza y exclusión social.
La Comisión hace énfasis en que esta situación se agudiza entre las indígenas y afrodescendientes.
Estos problemas imperan de forma persistente en determinados sectores sociales, en los ámbitos de la economía, la educación, el trabajo, la salud, la justicia y la toma de decisiones.
En particular resalta que continúan expuestas a formas de violencia física y sexual y tienen opciones limitadas de incidir en la agenda pública de sus países.
Sin embargo, si se reconoce la existencia de estas realidades, también debe reconocerse el esfuerzo que dos niveles de Gobierno realizan todos los días para erradicar estos lastres en cada uno de los ejes que se han citado arriba, incluso en el de la toma toma de decisiones, a través de la legislación.
