Ante el maltrato y abandono en materia médica para la inmensa mayoría de 16 mil 400 mujeres privadas de su libertad en México, donde solo el 41.0 % de las internas ha tenido acceso a un Papanicolaou y apenas el 30.6 % a una autoexploración o examen de cáncer de mama, el Senado exhortó a los gobernadores y a la jefa de Gobierno de la CDMX a revertir esa situación.
La Comisión de Seguridad Pública, que preside la senadora Lucía Trasviña Waldenrath, aprobó un proyecto para exhortar a las personas titulares de los poderes ejecutivos estatales a fortalecer los programas y servicios de salud dirigidos a las mujeres privadas de la libertad en los centros de reinserción social.
En México, dicha población enfrenta una grave crisis humanitaria debido a que la falta de acceso a una salud digna y el maltrato médico actúan como una condena añadida a su reclusión.
Organizaciones de la sociedad civil y datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exponen que el sistema penitenciario mexicano opera bajo una infraestructura médica deficiente y con sesgos de género que vulneran de manera sistemática los derechos de las internas.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol), solo el 41.0 % de las internas ha tenido acceso a un Papanicolaou y apenas el 30.6 % a una autoexploración o examen de cáncer de mama.
Con este dictamen, el Senado busca garantizar a esta población una atención integral, con perspectiva de género, conforme al marco constitucional y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.
