El exdirector del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y senador por Morena, Alejandro Murat, se deslindó de malos manejos en el instituto y acuso a su sucesor, David Penchyna, de un “pago indebido e inexplicable” por cinco mil millones de pesos (mdp).
En un video público fijó su postura luego de que el actual director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, denunció que fue la entrega de un contrato a la empresa Telra para diseñar y operar una plataforma que administrara soluciones de vivienda de acreditados que cambiaron su lugar de residencia.
“Contrario a ello, no solo no se le penalizó, sino que el Consejo de Administración autorizó el pago de una indemnización por un monto de cinco mil mdp. Dos de los cinco socios de Telra, devolvieron dos mil mdp que fueron entregados al Infonavit; los otros tres socios se han negado a devolver los tres mil millones restantes”, apuntó Oropeza.
Al respecto, Murat declaró, “cuando obtuve el honor de dirigir por tres años. En primer lugar recordar que como director siempre trabaje apegado a la ley y guiado por los principios de honestidad, transparencia y buen gobierno.
Durante mi gestión, el instituto logró otorgar más de un millón y medio de créditos y mantener finanzas con las más altas calificaciones buena gestión.
Se deslinda
Fue la gestión de mi sucesor en el instituto, David Penchyna, la que realizó un pago indebido inexplicable por cinco mil millones de pesos. Esa ilegalidad fue sancionada por la Fiscalía General de la República (FGR) y fueron aprehendidos el secretario general y exsubdirector jurídico de esa administración”, sostuvo.
Murat dijo que poco antes de dejar la dirección del Infonavit, estableció un programa de movilidad hipotecaria para facilitar el intercambio de vivienda ante las necesidades cada día más dinámicas de los trabajadores y sus familias.
El programa buscaba crear el mercado secundario que hoy sigue sin atender al sector público y privado que cobramos o aprobado en su momento por los comités y el consejo de administración y no implicaba erogación o contraprestación alguna por parte del instituto, ya que el riesgo y costo eran responsabilidad de la empresa que lo desarrollaría.