Por los narcoacuerdos se están desmantelando redes criminales; pero también “están reconfigurando y amenazando el mapa político, económico y militar de poder en México, pero desde los tribunales federales de Estados Unidos”, afirma el abogado internacionalista Jaime Ortiz.
Nombres como Ovidio Guzmán López, Ismael “El Mayo” Zambada, Rafael Caro Quintero, Jesús Reynaldo “El Rey” Zambada, Dámaso López Núñez y Vicente Zambada Niebla, no son simplemente objetivos judiciales, “son fuentes de inteligencia que están construyendo expedientes, revelando esquemas de protección institucional y, lo más importante, insinuando vínculos entre el crimen organizado y actores del poder político mexicano, hasta que deje de ser una insinuación”, comenta Ortiz. Estos acuerdos no se producen en el vacío.
La Administración Antidrogas (DEA), en sus informes públicos, ha descrito la “capacidad de cooptación institucional” del Cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco Nueva Generación. Aunque evita nombrar a políticos en funciones, reconoce que la corrupción en México es un factor crítico para la supervivencia de estas organizaciones. En los expedientes judiciales, las referencias a pagos a “funcionarios de alto rango” y “empresarios con acceso a contratos públicos” son recurrentes. La omisión de nombres tiene una razón, quieren proteger las investigaciones.
Washington concentra sus esfuerzos en obtener inteligencia estratégica a cambio de beneficios procesales. Los capos entregan información que no sólo alimenta casos judiciales, sino que también nutre la agenda de seguridad nacional estadounidense.
