Narcopolítica se afianza en América Latina y el Caribe
“La penetración del narcotráfico en la política desestabiliza las instituciones democráticas de AL y el Caribe”, alerta el criminalista Luis Carlos Castillo. Cortesía

La fuerza del alud de la “narcopolítica” se intensificó en 2023 en América Latina y el Caribe, con el sello de dos cárteles mexicanos de la droga: el Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Sinaloa.

“Trabajo con el narco”, reconoció sorpresivamente el pasado jueves el educador chileno Arturo Barrios, vicepresidente del Partido Socialista de Chile, que integra la alianza gobernante en ese país.

La Fiscalía General de Ecuador reveló esta semana que el ex vicepresidente izquierdista ecuatoriano Jorge Glas, supuestamente, aceptó que una mafia del narcotráfico de ese país ligada al CJNG (de México) sobornara con 250 mil dólares a funcionarios judiciales para salir de la cárcel en 2022, tras cinco años preso por corrupción. Glas entró el domingo pasado a la Embajada de México en Quito, y el jueves pidió asilo diplomático.

El prófugo y poderoso narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet exhibió en el último trimestre de 2023 la fragilidad en los aparatos judiciales y de seguridad de Uruguay, Bolivia y Paraguay para la infiltración de las cadenas del contrabando de droga.

En un país en el que —como Guatemala— hay rangos públicos precedidos por el “rango narco”, la captura el 11 de este mes del guatemalteco Juan José Morales Cifuentes, alias “Pancho”, a bordo de su automóvil en un suburbio de Ciudad de Guatemala por presunto narcotráfico, reabrió otro caso.

Cifuentes está casado con Isel Súñiga, alcaldesa electa de Ayutla, municipio del suroccidental departamento (estado) guatemalteco de San Marcos, limítrofe con México; Miss Guatemala 2017, hija del guatemalteco Érick Súñiga (alcalde de Ayutla de 2008 a 2019 y extraditado por narcotráfico en 2019 a Estados Unidos).

Una red delincuencial costarricense aliada al Cártel de los Hermanos Sánchez, mafia mexicana de Querétaro, México, para exportar cocaína líquida, se involucró en un negocio del Gobierno de Costa Rica para comprar e instalar escáneres en el principal puerto de este país en el mar Caribe y evitar el tráfico de cocaína en contenedores al resto del mundo. La autoridad contralora de Costa Rica obligó a cancelar la operación por falta de transparencia.

En el mayor escándalo de narcopolítica del siglo XXI en América Latina y el Caribe, el ex presidente derechista hondureño Juan Orlando Hernández (gobernante de 2014 a 2022) fue extraditado en abril del año anterior a EE. UU. por supuestamente traficar unas 500 toneladas de cocaína de 2004 a 2022 al mercado estadounidense, en asociación con el Cártel de Sinaloa.