Después de la entrega de 29 personas privadas de la libertad a Estados Unidos, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, declaró en conferencia de prensa que “el Gabinete de Seguridad cuenta con información que existía un riesgo de que algunos de estos objetivos solicitados por el Gobierno de Estados Unidos fueran liberados o siguieran atrasándose sus procesos de extradición derivado de acuerdos con algunos jueces que buscaban favorecerlos como ya se había hecho en otras ocasiones y durante muchos años”.
Indicó que “esta es una decisión del Gabinete de Seguridad, no tiene nada que ver la señora presidenta de la República, el gabinete lo coordina la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía de la República, la Secretaría de Marina y ahí es donde se toma la decisión, hay un voto colegiado”.
También destacó que por el traslado de este grupo de narcotraficantes “los más beneficiados somos los mexicanos”. “Estas personas, como bien saben, cometían actos de amedrentamiento a autoridades, corrupción, homicidio, extorsión… esa es la razón por la que se hizo, esa es la razón por la que se tomó y por supuesto beneficia a ambos países”, expresó García Harfuch.
CJF refrenda compromiso
Ante esta declaración, la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), mediante un comunicado, reafirmó su compromiso con la justicia y el Estado de Derecho. Además, aclaró que cada resolución que toma alguno de sus integrantes es susceptible de ser impugnada por los canales que la propia ley establece.
“La Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal rechaza insinuaciones sobre el proceder de juzgadoras y juzgadores, y expresa su total disposición a que en caso de haber pruebas, se proceda conforme a derecho sin excepciones”, sentenció.
Por lo anterior, Alejandro Gertz Manero explicó que la entrega de los 29 capos a Estados Unidos no fue en extradición, sino que se realizó “sobre la base más estricta” de la Ley de Seguridad Nacional, aseguró el fiscal general de la República. Por lo anterior, el fiscal consideró que no se debe aplicar la pena de muerte a los trasladados, ya que esa sanción no está contemplada en la legislación mexicana.
“Las penas de sanciones procesales no las establece el Departamento de Estado las establecen los jueces y nosotros tenemos un acuerdo muy claro en el sentido de que una legislación como la mexicana, que no tiene esta sanción, debe ser respetada en los países donde nosotros tenemos un convenio…”, indicó.
Gertz Manero afirmó que el gobierno de Estados Unidos envió una solicitud a México para el traslado de los cabecillas de los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Juárez, Los Zetas y de la Familia Michoacana, muchos de los cuales, dijo, llevan “11 años, 8 años de que no hemos podido salir adelante en un procedimiento que tenía un plazo de 45 días, son pruebas más que suficientes…”.
Dijo que tras la solicitud, “se abrió una opción que estaba dentro del marco jurídico mexicano y que ellos aprovecharon y que es muy útil para establecer la responsabilidad y sobre todo las respuestas que el Gobierno de México sobre los problemas estos del fentanilo, y la forma como México está cumpliendo, es decir, aquí no hay de que nosotros no estamos cumpliendo, eso sí quedó clarísimo, hay una ratificación de esfuerzo de México para combatir estas plagas y sobre todo el esfuerzo de México para no proteger a ningún delincuente que tiene vinculaciones internacionales…”.