El Senado de la República exhortó a reorientar la política dirigida a garantizar el derecho a la educación de las personas con discapacidad o con aptitudes sobresalientes.
El objetivo de este llamado es eliminar la brecha de exclusión educativa para este sector de la población, por lo que se le pide a la Secretaría de Educación Pública (SEP) adecuar las Reglas de Operación 2017 del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa.
Con ello, se añadió, se aseguraría más cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población en contexto de vulnerabilidad.
Los legisladores buscan impulsar el mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de las instituciones de educación básica, media superior y superior que atienden a esos grupos.
Por ello, plantearon que la Cámara de Diputados amplíe los recursos financieros del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 destinados al Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa (S244), a fin de aumentar la cobertura, inclusión y equidad educativas para los grupos vulnerables.
En el documento se precisa que a pesar los significativos avances en materia legal y de política pública, la brecha para la inclusión educativa de las personas con discapacidad aún es muy amplia.
Se resalta que de acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), apenas 46.5 por ciento de las niñas, niños y jóvenes con discapacidad acude a la escuela.
Es por ello, que la integración de la discapacidad en la vida colectiva supone la implementación de un modelo que impida la exclusión e impulse el derecho a la dignidad personal, a la no discriminación y a poder participar en la construcción de derechos inalienables.
La lucha por la inclusión de las personas con discapacidad es una lucha en defensa de la diversidad humana, que está trazando un camino que habrán de recorrer todas aquellas sociedades que quieran combatir la exclusión.
