Para enfrentar los problemas de inseguridad pública en el país, firmas de empresas y emprendedores han recurrido desde contratar seguridad privada, cerrar definitivamente e incluso pagar extorsiones, destacó el Banco de México (Banxico).
De ahí la importancia de actuar, ya que, según el banco central, de reducir los índices de inseguridad a los niveles que presenta la región sur del país, se incrementa la inversión en 6.1 % y la producción en 1.6 %.
En un análisis elaborado por Banxico se estima que la región más beneficiada sería el centro del país, esto si se tuvieran niveles bajos de inseguridad similares al sur.
La Ciudad de México (CDMX), Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala podrían captar mayor inversión en un 13.4 %y elevar en 3.5 % la producción.
De acuerdo con el reporte, la región sur fue la que destacó por la menor proporción de establecimientos victimizados en 2019, es decir, en Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, destacó Banxico.
Que el pago de derecho de piso sea deducible
Ante ello, el director de la consultoría fiscal, CPA Visión, propuso que el pago de derecho de piso sea un gasto deducible para las empresas.
Dijo que se trata de un gasto irregular necesario para poder continuar operando, pero que no cumple con múltiples obligaciones que se enmarcan dentro de las leyes.
Por ejemplo, no existe un comprobante fiscal que ampare ese gasto, señaló.
Afirmó que los más afectados son los pequeños contribuyentes que ahora tributan en el nuevo Régimen Simplificado de Confianza (Resico).
En el estudio del banco central se pone de relieve que los emprendedores responden de manera estratégica ante la amenaza del delito con una actitud activa, como invertir en seguridad privada, o pasiva, como aceptar la enajenación ilegal de la propiedad, cuando el diseño institucional es inadecuado.
Para el caso mexicano, se acota, se ha encontrado que las firmas ante el crimen pueden cerrar definitivamente, emigrar a otros países, contratar seguridad privada, cambiar la logística de sus procesos productivos o, inclusive, pagar la extorsión sin recurrir a las autoridades.
