La crisis sociopolítica en Nicaragua cumplió seis meses sin que se vislumbre una solución, pues aunque los grupos de la sociedad civil están dispuestos a reanudar el Diálogo Nacional con el gobierno para hallar una solución, el presidente Daniel Ortega insiste en rechazar toda forma de negociación.
Las cifras de seis meses de represión a las protestas antigubernamentales alcanzaron 512 muertos, cuatro mil 062 heridos, mil 428 secuestrados, más de 300 presos políticos y alrededor de 30 mil nicaragüenses que han huido del país para escapar de la violencia y persecución.
Aunque fue dado a conocer por organismos locales de derechos humanos locales a finales de septiembre y no ha sido actualizado, el saldo de la represión en Nicaragua evidencia la urgente necesidad de solucionar la crisis, que inició con protestas contra la reforma al sistema de Seguridad Social.
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Vilma Núñez, afirmó este jueves que “no vemos la salida” a la crisis, pues la represión gubernamental continúa.
Los manifestantes, que exigen la renuncia del presidente Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, y todos aquellos que apoyan las protestas han enfrentado el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y de grupos paramilitares armados, que actúan con la anuencia del gobierno.
La pareja presidencial acusa a los manifestantes de ser “gente a la que se le paga” con la intención de llevar a cabo un golpe de estado y desestabilizar al país, y niega que se estén violando los derechos humanos de los nicaragüenses.
Lamentó que después de seis meses de crisis no se haya podido observar ni un solo caso de investigación interna en la policía o en otras agencias estatales ni en ningún tribunal por los excesos del gobierno, a pesar de que están “claramente documentados”.
