El Partido Verde Ecologista de México (PVEM), sus legisladores y dirigentes no han cometido actos ilegales o irregulares, como se pretende hacer creer a la opinión pública mediante una gran campaña de desprestigio en su contra, subrayaron dirigentes de ese instituto político.
Durante una conferencia de prensa en el Instituto Nacional Electoral (INE), después de que se resolvió aplicar la sanción a esa fuerza política por 329 millones de pesos, el vocero pevemista Carlos Puente sostuvo que quienes acusan al PVEM lo quieren descalificar porque le tienen miedo, “porque el Verde sí cumple”.
Reiteró que “hoy quieren descalificar de la contienda electoral al Partido Verde aquellos que, a través del chantaje y la presión a la autoridad electoral, buscan limitar su libertad de expresión”.
Al leer un posicionamiento a nombre de las bancadas del Verde Ecologista en la Cámara de Diputados y el Senado de la República, anunció que el partido ya presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una petición contra el Estado mexicano.
Esto por considerar que las sanciones impuestas y el modelo de comunicación política violan los fundamentos previstos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Puntualizó que estas “injustas sanciones”, que limitan los derechos tanto de los legisladores pevemistas a informar como de los ciudadanos a ser informados, abre una gran oportunidad para luchar en el ámbito internacional para que el sistema electoral mexicano garantice las libertades de expresión y política.
Es por ello que diputados y senadores del Partido Verde Ecologista de México anunciaron que propondrán modificar la legislación, a fin de terminar con el inequitativo sistema de “spotización” actual.
A su parecer, ese sistema solo beneficia a algunos partidos y no contribuye al debate democrático, pero sí ha perjudicado a los concesionarios de radio y televisión con una doble tributación impuesta injustamente.
