¿Qué puede decirse de un país que permite que maten a sus niños, a sus niñas y a sus adolescentes en total impunidad? en cualquier otro sería un escándalo, aquí, lamentablemente, se convierten en una cifra más, en un dato que pasa casi desapercibido pero que representa un grito de la violencia desgarradora y llena de atrocidades que vive México.
De acuerdo con los últimos datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicados el día jueves, en lo que va del año, han asesinado a 1027 niñas, niños y adolescentes. Es la cifra más alta desde que se inició el registro, en 2015. Además, de enero a octubre de este año, Causa en Común ha registrado 330 actos en contra de menores que pueden definirse como atrocidades (el trabajo completo sobre atrocidades se puede consultar en https://bit.ly/3pHhrqa ).
Está el asesinato de los niños mazahuas que fueron descuartizados en la Ciudad de México, pero hay muchas otras historias de terror. Por ejemplo, el 2 de septiembre, fueron hallados los cuerpos de dos adolescentes que fueron torturadas y calcinadas en Culiacán, Sinaloa; y el 12 de septiembre, fue hallado el cuerpo de un bebé desmembrado y decapitado en una bolsa en Matamoros, Tamaulipas.
Pero para solucionar este trágico problema es de vital importancia que el gobierno mexicano entienda que los derechos de niñas, niños y adolescentes debe ser prioridad, particularmente en las decisiones presupuestarias, con el fin de contar con recursos suficientes, eficientes y equitativos que garanticen el cumplimiento de esos derechos.
De acuerdo con UNICEF, el gasto público programable para el 2021 se estima en $6,295 miles de millones de pesos (mdp), sin embargo, solo el 17% ($791,632 mdp) es para niños, niñas y adolescentes. Eso es insuficiente y no es equitativo, tomando en cuenta que este sector representa el 31% de la poblacion, con este presupuesto no se verá cumplido su derecho a la educación, salud, alimentación, bienestar, protección contra abuso y violencia, y protección social. Ademas no olvidemos que el presupuesto para atender a los menores ha disminuido 3.5% anual en promedio, desde 2018.
Es inadmisible que las atrocidades contra niñas, niños y adolescentes sean invisibles para las autoridades. Es inadmisible la manera irresponsable en que se ha abandonado al sistema público de enseñanza. Ya ni hablar de una auténtica política de prevención, que focalice acciones atendiendo los problemas asociados a la violencia en cada comunidad y barrio. Lejos de rescatar y fortalecer instituciones de seguridad, procuración de justicia, educación, salud, y asistencia social en todas sus modalidades, vemos con espanto que el gobierno impone un presupuesto famélico, que sólo atiende tres o cuatro obras inútiles, y todo lo que tenga que ver la militarización rampante que hoy se impone al país. Y ya en el colmo de la ineptitud, resulta que, además de los recortes, hay subejercicios enormes, como los casi 30 mil millones de pesos del sector salud que no han sido erogados durante la pandemia.