Al menos mil 360 niños y niñas no se han reunido con sus madres y padres seis años después de que el Gobierno de Estados Unidos los separara de manera forzada en la frontera con México; reveló el informe “Tenemos que llevarnos a los niños: Tras seis años de la política de ‘Tolerancia Cero’, la rendición de cuentas es nula”.
Además, informó que el gobierno se negó, durante días o semanas, a revelar a progenitores las circunstancias y el paradero de sus hijos e hijas tras ser separados, lo que concuerda con la definición de desaparición forzada, de acuerdo con las organizaciones Human Rights Watch, Texas Civil Rights Project (TCRP) y la Clínica Internacional de Derechos Humanos Lowenstein de la Facultad de Derecho de Yale.
“Las separaciones forzadas de familias también pueden haber constituido tortura, que ocurre cuando un agente del Estado provoca de manera deliberada sufrimiento grave con fines indebidos. Incluso un único caso de desaparición forzada o tortura es un delito conforme al derecho internacional”, señala el informe publicado este lunes.
Al analizar documentos de política y correos electrónicos oficiales, se estableció que funcionarios separaron de manera deliberada a niños y niñas de sus padres y madres para disuadir a otras familias con intenciones de entrar a Estados Unidos de manera irregular.
De este modo, el gobierno estadounidense separó a más de cuatro mil 600 infancias de sus progenitores entre 2017 y 2021. Los mil 360 niños y niñas, cuyo paradero todavía no se ha informado, representan casi el 30 % de infantes separados durante la primera administración del presidente electo, Donald Trump. Indicó que el gobierno logró la separación familiar a través de una aplicación novedosa de dos leyes federales.
De este modo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) aplicó entonces otra ley para transferir a niñas y niños a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, la agencia del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, responsable de niñas y niños no acompañados.
Aunque una orden judicial de junio de 2018 frenó las acciones del gobierno para separar de manera sistemática a todas las familias que ingresaran al país sin autorización; la orden judicial permitió separaciones por otros motivos, y el gobierno siguió separando a cientos de menores hasta fines de 2019.