A Ximena la golpearon tanto esa noche que terminó con las botas de una oficial de Policía marcadas en la cara. Los ojos llenos de sangre, golpes por todo el cuerpo, la boca destrozada, un esguince en el cuello que aún le duele, pero sobre todo un profundo temor de volver a salir a la calle. Cuando la Policía de la Ciudad de México la torturó, a una cuadra de su casa, tenía 16 años; de ese día han pasado tan sólo 10 meses.
Parecía una noche de sábado más hasta que Ximena y sus amigos vieron en la calle a un grupo de policías golpeando a un chico que ellos conocían. Ella les gritó que no tenían derecho a agredirlo. Esto desató la furia de los oficiales, pero especialmente de una policía, quien la atacó. En total, cuatro agentes la patearon, le dieron de puñetazos en el rostro, la tiraron al piso, la ahorcaron, la esposaron y la subieron a una patrulla. Nunca le dijeron los motivos de su detención.
Ximena permaneció detenida poco más de 24 horas y acusada de robar 10 mil pesos, unos tenis, celulares y dos tarjetas del Metrobús con 30 pesos cada una. Le “permitieron” seguir su proceso en libertad. Y por eso, recibió terapias de rehabilitación para menores como si hubiera cometido un delito.
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDH) en la recomendación 17/2019 señaló a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) por 15 carpetas por el delito de tortura contra menores y personas jóvenes de 2014 a la fecha, incluyendo el caso de Ximena. Por su parte, la propia PGJCDMX respondió, a través de una solicitud de información, que tiene registro de 13 indagatorias iniciadas contra servidores públicos por el delito de tortura en agravio de niños, niñas y adolescentes en 2018 y 2019.
Juan Carlos Arjona, cuarto visitador General de la CDH local, añadió que el número de carpetas contra servidores públicos por tortura a menores no necesariamente significa que sean las únicas, ya que la Comisión tiene registro de que algunas de esas denuncias son reclasificadas como “lesiones” o “abuso de autoridad”. “Sin dejar el mensaje importante de que lo que se investiga es tortura”.
De acuerdo con los datos de la CDH hay 447 señalamientos contra la autoridad local por vulnerar el derecho a la libertad y seguridad personal de menores de edad. De éstos, los tres derechos más violentados son: detención arbitraria (mediante uso de la fuerza desproporcionada), con 158 casos; detención ilegal, con 79, y la tardanza en la presentación del menor ante un MP o juez con 25 casos. No se menciona qué autoridad cometió estas violaciones.
En la Ciudad de México, la Policía ha detenido y puesto a disposición del Ministerio Público a 27 mil 589 menores de edad de 2012 a la fecha, según datos obtenidos vía transparencia de la SSC. Sin embargo, en ese mismo periodo en la PGJCDMX se tiene registro de 25 mil 682 adolescentes imputados puestos a disposición del MP. Para entender la diferencia entre estas cifras El Universal pidió una entrevista a la Procuraduría y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero no se obtuvo respuesta.
La Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal (ENASJUP) de 2017, realizada por el Inegi, analizó que 55.5% de los menores detenidos en la CDMX sufrieron agresiones físicas para someterlos en la detención, 86.6% fueron esposados, al igual que Ximena. Además, 34.1% de los menores fue amenazado con un arma, 18.6% fue sometido con un objeto u arma y 8.7% recibió un disparo por parte de la autoridad.
Para la abogada e investigadora del Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP), Samhanta Paredón, los riesgos de que no se informe sobre la detención y traslado de menores de edad aumenta las posibilidades desaparición forzada, como en el caso del joven Marco Antonio Sánchez Flores, el estudiante de 17 años desaparecido por policías de la CDMX en 2018, y encontrado con signos de tortura.
