La Secretaría de la Función Pública (SFP) descartó que el presidente Enrique Peña Nieto, su esposa, Angélica Rivera, y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, incurrieran en conflicto de intereses por la adquisición de inmuebles a empresas que hoy tienen algunas licitaciones con el Gobierno federal.
En conferencia de prensa para dar a conocer los resultados de las investigaciones, el titular de la SFP, Virgilio Andrade Martínez, explicó, entre otros argumentos, que los tres contratos se firmaron antes de que los involucrados fueran servidores públicos federales y que no intervinieron en las licitaciones que las empresas de Luis Armando Hinojosa y Arturo San Román han ganado en la actual administración.
Andrade recordó que de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, para que exista conflicto de interés se debe demostrar que el servidor público actuó de forma parcial, motivado por intereses personales familiares o de negocios, afectando sus funciones.
“Lo central en el conflicto de interés es acreditar que hubo actuación parcial del servidor público en el ejercicio de sus propias atribuciones, de otra forma no se incurre en conflicto de interés”, señaló.
Explicó que Juan Armando Hinojosa Cantú está relacionado con cuatro empresas que tienen 22 contratos con el Gobierno federal; mientras que Ricardo Arturo San Román Dunne está relacionado con dos que concentran 11 contratos.
Estos 33 contratos fueron celebrados con 15 distintas dependencias y representan el 0.017 por ciento de los contratos que la administración pública federal ha celebrado del 1 de diciembre de 2012 al 31 de marzo de 2015.
De acuerdo con Andrade Martínez, se interrogó a 111 funcionarios públicos que participaron en los respectivos procesos de licitación, y negaron haber recibido presiones para favorecer a las empresas relacionadas con Hinojosa y San Román.
