La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no justificó la necesidad de trasladar el avión presidencial a Estados Unidos y de contratar los servicios de preservación, resguardo y almacenaje en dicho país, en lugar de hacerlo en México.
Reporte
Así lo afirmó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la tercera entrega de su informe de la Cuenta Pública 2019, en la que revisó la adjudicación directa del contrato que celebró el Gobierno Federal con la firma estadounidense The Boeing Company, para enviar el avión presidencial a dicho país e iniciar el proceso de comercialización.
Según el documento, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió no utilizar el avión y dar por terminado, de manera anticipada, el contrato a 15 años por el que se adquirió en 2012, México todavía tiene que pagar 3 mil 149 millones 662 mil 200 pesos por la aeronave en el periodo 2020-2027.
“El monto estimado por pagar el proyecto de inversión 12071320003 para el periodo de 2020 a 2027 ascenderá a 3 mil 149 millones 662 mil pesos, al considerar un pago por capital e IVA por 2 mil 351 millones 969.6 mil pesos y 797 millones 692.6 mil pesos para cubrir los intereses generados”, advirtió la ASF.
