Luisa María Alcalde Luján, consejera jurídica de la Presidencia de la República, afirmó que Estados Unidos no aportó ninguna prueba para acreditar la urgencia para la detención con fines de extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios y exfuncionarios estatales acusados por supuestos vínculos con el narcotráfico.
Ante esto, informó en conferencia de prensa presidencial, que la Fiscalía General de la República (FGR) indicó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que es necesario solicitar al Tribunal del Distrito Sur de Nueva York que aporte dicha información.
“La Fiscalía determina que no existe, al momento, o no se aportó, ningún elemento o prueba que acredite la urgencia, por lo que la solicitud no se encuentra debidamente fundamentada y es necesario solicitar información adicional, precisamente para que se acredite la urgencia. De acreditarse la urgencia, entonces sí, la Fiscalía puede presentar a un juez de Control. Y el juez de Control puede, viendo las evidencias, establecer: ya sea la prisión, la detención provisional o alguna otra medida cautelar, y ahí inicia este proceso de 60 días.
“La Fiscalía General de la República ha emitido opinión a la Secretaría de Relaciones Exteriores respecto a que el país requirente no aportó elementos que acrediten la urgencia, por lo que la solicitud no se encuentra debidamente fundamentada y es necesario solicitar esta evidencia”, reiteró.
FGR no ha prejuzgado
En Palacio Nacional, Luisa María Alcalde destacó que la FGR no ha prejuzgado respecto si se cometió o no se cometió un delito, y que no ha prejuzgado respecto si es procedente o no una solicitud de detención provisional.
Además, Alcalde Luján afirmó que la solicitud de extradición del gobernador con licencia por parte de Estados Unidos debió entregarse de manera confidencial, para “preservar el debido proceso y la presunción de inocencia, de tal manera que se evite la exposición mediática prematura que pueda sesgar a las autoridades y contaminar pruebas”.
“En este caso, dicha confidencialidad se violentó provocando un linchamiento mediático y que los medios de comunicación hayan emitido ya un juicio sobre las 10 personas mencionadas”, expresó.
