Es lamentable ver que la violencia en los centros escolares no cesa, las estadísticas muestran una tendencia al alza en los espacios que deberían ser seguros para niñas, niños y adolescentes, en 2022, 3.3 millones de estudiantes, de 12 a 17 años de edad, fueron víctimas de acoso en el ámbito escolar, lo que representa que el 28 % de los 11.7 millones que asistieron a la escuela sufrieron este tipo de violencia.
De los países que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, México ocupa el primer lugar en bullying, sitio que evidencia la gravedad del flagelo, pues el 55.9 % de las y los estudiantes del mismo rango de edad mencionaron que compañeras y compañeros de sus centros de estudio les habían hecho burlas o puesto apodos que no les gustaban u ofendían, lo que ha impactado en su desarrollo personal e intelectual.
En México no se han logrado reducir los índices de impunidad; de cada 100 delitos que se cometen, solo el 6.4 % se denuncian y tan solo el 0.9 % se resuelven, esto significa que solo 14 casos concluyen en una sentencia.
Pero la violencia en los centros escolares no solo ha crecido, sino que ha escalado y hemos conocido casos que además del daño psicológico, tienen secuelas físicas como pasó con Cristián Carranza, que fue rociado con gasolina y prendido en fuego por dos compañeros de su escuela.
Se han dado casos de violencia extrema en centros educativos que hacen inaplazable que las autoridades educativas federales y estatales se alleguen de expertos que analicen el impacto de las violencias criminales y sociales en familias, barrios y escuelas, el cómo afecta el entorno a niños, niñas y adolescentes, para frenarlas y prevenirlas.
Aun cuando la violencia extrema no se frene a corto plazo, las escuelas pueden incidir en su propio ámbito para reducir el acoso mediante programas de prevención que integren a las familias y a la comunidad, además de fomentar la cultura de la denuncia.
La tolerancia y normalización de la violencia fomentan el silencio, por ello es necesario impulsar la cultura de la denuncia, como política pública para que niñas, niños y adolescentes sean dotados de herramientas y mecanismos que les permitan identificar situaciones de abuso o violencia, además de cómo actuar en caso de presenciar o ser víctimas.
La tecnología permea con extrema rapidez en la vida diaria, por ello niñas, niños y adolescentes deben tener acceso a sus derechos para que desde edades tempranas tengan la conciencia de que son sujetos de derechos.
Es urgente que desde los distintos espacios enseñar a niñas, niños y adolescentes que la violencia no es normal, que no deben tolerar ningún tipo de abuso, que tienen el derecho a manifestarlo y a denunciar cuando son violentados en el espacio escolar, social y familiar.
