La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) notificó este viernes la sentencia adoptada el 28 de noviembre pasado en la que declara la responsabilidad del Estado mexicano por las graves violaciones a derechos humanos cometidas contra 11 mujeres que sufrieron detenciones arbitrarias, tortura física, psicológica y sexual, y falta de acceso a la justicia. Esto ocurrió en el marco de la represión policial desplegada el 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México.
La institución con sede en San José, Costa Rica, recordó que durante los días 3 y 4 de mayo del año 2006, las policías municipales de Texcoco, San Salvador Atenco, del Estado de México y la Policía Federal Preventiva adelantaron operativos en los municipios de San Salvador de Atenco, Texcoco y en la carretera Texcoco-Lechería para reprimir manifestaciones que se llevaban a cabo en dichos municipios.
En el curso de los operativos fueron detenidas las 11 mujeres víctimas del caso, durante su detención y mientras eran trasladadas e ingresadas al Centro de Readaptación Social “Santiaguito” fueron sometidas a las diferentes formas de violencia, incluida en algunos casos la violación sexual.
En su resolución, la corte ordena a México, entre otras cosas, continuar e iniciar las investigaciones amplias, sistemáticas y minuciosas que sean necesarias para determinar, juzgar, y, en su caso, sancionar a todos los responsables de la violencia y tortura sexual sufrida por las 11 mujeres víctimas de este caso.
Pidió “brindar de forma gratuita e inmediata, el tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico a las víctimas, realizar en un plazo de seis meses a partir de la notificación de la sentencia, las publicaciones ordenadas”, además de que solicita realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y disculpas públicas.
Ordenó a México crear un plan de capacitación de oficiales de la Policía Federal y del estado de México, y establecer un mecanismo de monitoreo y fiscalización para medir y evaluar la efectividad de las políticas e instituciones existentes en materia de rendición de cuentas y monitoreo del uso de la fuerza de la referida institución de seguridad y la policía del Estado de México.