Este lunes el Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentó una controversia política en contra de los lineamientos de derecho de audiencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Miguel Barbosa, coordinador de los senadores del PRD, presentó este recurso a Pablo Escudero, presidente de la Mesa Directiva del Senado, y a Fernando Herrera, presidente de la Junta de Coordinación Política.
El legislador señaló que es una restricción injustificada y desproporcionada al derecho fundamental de la libertad de expresión, ya que obliga a los comunicadores a distinguir entre información y opinión, como establece el artículo 15.
En la controversia se menciona que “aún cuando los lineamientos contenidos en dicho acuerdo fueron emitidos por dicho organismo constitucional autónomo en ejercicio de la facultad regulatoria en el sector, los mismos deben respetar los parámetros normativos contenidos en la Constitución sobre la distribución de competencia y sobre derechos fundamentales”.
El senador explicó que la restricción injustificada y desproporcionada de obligar a diferenciar entre opinión e información, radica en que la distinción exigida no es necesaria para que la audiencia reciba información.
Mencionó que los contenidos se limitan con base en categorías abiertas, las cuales serán analizadas por el defensor de audiencias, que será elegido por el IFT.
El IFT el 21 de diciembre dio a conocer los lineamientos para el derecho de audiencias, los cuales entrarán en vigor mañana.
Arquidiócesis critica a Ifetel
La Iglesia Católica consideró que los lineamientos son un mecanismo de control y presión, por ello criticó que la libertad de expresión quede a manos del Ifetel.
En el semanario Desde la Fe, en la editorial titulada “Democratización de medios de comunicación”, mencionó que la libertad de expresión no debe de estar subordinada al protagonismo indiscriminado de un instituto.
Comentó que el Ifetel cuenta “con facultades extralegales y cuasinquisitoriales, bligando a distinguir entre opinión e información, lo que deriva en fiscalizaciones informativas que coartan la libertad de expresión, reconocida en nuestra Constitución”.
