El nuevo sistema de justicia penal es un hecho histórico, inédito, relevante y significativo que asegura una administración y una impartición eficaz de la justicia, como mandata la Constitución, aseveró el presidente Enrique Peña Nieto.
El modelo anterior tenía más de 100 años y daba muestras de debilidad, agotamiento e incapacidad para cumplir lo que la Carta Magna marca, “no era pronta ni era expedita, menos aún transparente y abierta”, refirió.
El nuevo sistema penal acusatorio que entrará en vigor el 18 de junio, “rompe con la inercia, con el modelo que estábamos acostumbrados”, abundó.
Al inaugurar el octavo foro sobre seguridad y justicia «La justicia que merecemos: de la implementación a la consolidación», el mandatario reconoció el trabajo de las organizaciones civiles para arribar a este nuevo modelo abierto, que privilegiará los juicios orales, la transparencia y la conciliación sobre el castigo.
Se trata de un avance inédito de más de 100 años de estar al amparo de un modelo que hoy está cambiando, para “asegurar que en nuestro país haya una eficaz administración de justicia”, con pleno respeto a los derechos humanos del inculpado y de la víctima, subrayó.
Peña Nieto refrendó la voluntad y amplia disposición de su gobierno para acompañar el esfuerzo de evaluación y seguimiento del nuevo sistema, con el fin de conocer y exhibir en dónde opera de manera eficiente y dónde no.
Peña Nieto informó que dio instrucciones al titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, para que en un diálogo con los otros poderes, se determine qué mecanismo usarán para seguir, evaluar y retroalimentar la aplicación del nuevo modelo, a partir de las experiencias que tengan la federación y las entidades.
“Eso nos permitirá enriquecer y sobre todo, asegurar que el modelo funciona y funciona bien para todo nuestro país”, dijo el presidente de la República.
Momentos después de declarar formalmente inaugurado el foro, Peña Nieto hizo votos para que las propuestas e iniciativas que surjan ahí fortalezcan el propósito común de “tener una sociedad de derechos, en la que prive el Estado de derecho y haya justicia plena para todos los mexicanos”.
Urge a una justicia protectora
Por otra parte, México exige y merece una justicia penal madura, protectora, pero no solapadora, y las sanciones deben ser impuestas no solo como castigo a los responsables sino como una forma de equilibrar el orden social, subrayó el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales.
El ministro subrayó que se debe buscar el equilibrio de los derechos de todos los involucrados, de todos los afectados.
Dijo que está convencido de que “los derechos de los acusados de un delito son fundamentales, pero no es menos cierto e incontrovertible que los de las víctimas tienen la misma importancia, trascendencia y altura humana”.
Los derechos de los afectados, agregó, “deben ser respetados con la misma aplicación, cuidado, responsabilidad e intensidad”.
De lo contrario “la decisión que se tome en un juicio perdería su cualidad de verdadera justicia”, externó Aguilar Morales en el encuentro encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto.
También planteó que el nuevo sistema de justicia penal debe ser objeto de análisis para retomar las experiencias que ha arrojado su aplicación en el ámbito de competencia.
En el caso de la justicia federal, afirmó que se ha creado la estructura física y humana para satisfacer la demanda del nuevo sistema y que ya se cuentan con centros de justicia penal federal en todas las entidades.
