Para que una democracia se fortalezca con la participación de las y los ciudadanos, es necesario que se materialicen diversas condiciones determinadas en la Constitución y en las leyes.
En México, tanto la Constitución como la legislación electoral establece como uno de los aspectos más importantes que el sistema político le otorga a la ciudadanía, su derecho a emitir su voto por la fuerza política o persona candidata de su preferencia.
La normatividad dispone que, para ello, el voto debe ser secreto, intransferible, libre, universal y en condiciones de seguridad, paz y equidad.
No obstante, existe un tema relevante que, de presentarse, impide el ejercicio libre y democrático de los procesos electorales: la intromisión del crimen organizado.
Por ello, en la discusión de los temas que integrarán la Reforma Electoral, deben considerarse medidas que eviten la injerencia del crimen organizado en elecciones.
De entrada, son los partidos quienes deben asumir la responsabilidad de revisar sus candidaturas para evitar que alguna persona candidata tenga vínculos con organizaciones delictivas.
Deben existir modificaciones en la legislación electoral que incluso, si las autoridades electorales así lo acreditan, pueda declararse la nulidad de una elección por la acreditación de ingresos relacionados con el crimen organizado, con el lavado de dinero o bien, con la triangulación de recursos u operaciones simuladas de empresas.
Asimismo, el Legislador debe fortalecer la fiscalización del INE para que pueda establecerse un sistema sancionatorio vinculante por diversas irregularidades.
La intromisión del crimen organizado en elecciones solo gangrena la democracia, no permite el libre ejercicio del voto en algunas regiones y genera baja afluencia de personas electoras en detrimento de una auténtica participación ciudadana.
Por eso es importante poner énfasis en este tema para evitar que la democracia quede completamente dañada por la intromisión total del crimen organizado.
