Tras la denuncia presentada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), encabezada por María Elena Álvarez-Buylla, la Fiscalía General de la República (FGR) acusó de cuatro delitos a 31 científicos ex funcionarios del Consejo y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C. (FCCyT). Sin embargo, el Foro negó que se hayan cometido delitos de peculado y delincuencia organizada y remarcó que el Consejo actuó en desacato y por ello hay una investigación abierta.
El 10 de julio de 2020, Rosenda Cruz Vixtha, apoderada legal del Conacyt, presentó una denuncia ante la FGR. Tras esa acción, la Fiscalía, encabezada por Alejandro Gertz Manero, ha buscado en dos ocasiones que se giren órdenes de aprehensión en contra de los 31 miembros de la comunidad científica.
Sin embargo, a través de un video, el FCCyT indicó que surgió en 2002 y durante 18 años, “las instituciones académicas de investigación y empresariales compartieron un espacio de reflexión común para servir al pueblo de México”, pues el Foro era un organismo “autónomo constituido por ley que nació con el objetivo de usar el talento de universidades y centros de investigación para asesorar al Estado mexicano en el desarrollo de las áreas educativas, científicas, tecnológicas y de innovación”. El video se puede ver en esta liga: fb.watch/8JB-K0uDMS/
Esas labores se tuvieron que modificar porque a mediados de 2019, dijo el Foro, el Conacyt “se rehusó a otorgar el financiamiento necesario” para su funcionamiento.
Derivado de la negativa del Conacyt para darle recursos, el Foro “detuvo sus operaciones”.
Detalló que ese tribunal otorgó la suspensión provisional y definitiva.
A la par de esas acciones judiciales, detalló el Foro, el Conacyt reformó su Estatuto Orgánico, “a fin de desconocer la legalidad del Foro Consultivo y privarlo de las características con las que fue creado”.
La situación jurídica de los 31 miembros de la comunidad científica se dio a conocer a finales de septiembre y a partir de ese momento, instituciones nacionales e internacionales han expresado su rechazo.
“El grupo de científicos acusados y las comunidades científicas nacionales e internacionales que se han pronunciado, creen en la ciencia como camino para la construcción de sociedades más justas, más honestas y más austeras. No hay duda que la educación es el mejor mecanismo de movilidad social para vivir mejor. La ciencia siempre trabaja y trabajará al servicio del pueblo de México”, indicó el Foro Consultivo.
