El número de detenciones de personas migrantes realizadas por corporaciones de seguridad pública y por el Instituto Nacional de Migración (INM) se triplicó en el estado de Oaxaca en lo que va de 2022, en comparación con las realizadas en 2021, de acuerdo con un recuento hemerográfico realizado por El Universal.
Dentro de estos operativos y detenciones realizadas destaca el aumento de grupos de migrantes que llegan a superar las 100 personas, en contraste con el número reducido de detenciones de traficantes.
La revisión hemerográfica arroja que en 2021 se difundió a través de medios informativos y por los canales de los gobiernos federal y estatal la aprehensión de 505 personas migrantes; mientras que entre el 1 de enero y el 12 de septiembre de 2022 se reportó la detención de mil 481, es decir, casi el triple.
De acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob), entre enero y diciembre de 2021 fueron detenidos ocho mil 94 extranjeros no documentados en Oaxaca.
En tanto, de enero a julio de este año van seis mil 680 detenciones; cinco mil 512 fueron presentados y mil 168 canalizados.
Según la Segob, la política migratoria del presidente Andrés Manuel López Obrador “se constituye sobre la base del respeto pleno de los derechos humanos a partir de un enfoque multisectorial, pluridimensional, corresponsable, transversal, incluyente y con perspectiva de género”.
Sin embargo, el informe Bajo la bota. Militarización de la política migratoria en México, presentado en mayo pasado por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) y Sin Fronteras IAP, denuncia que el Gobierno Federal ha optado por una política “sin enfoque de derechos humanos, haciendo uso de la Guardia Nacional y otros cuerpos militares como un aparato de control migratorio, aun cuando esto va en contra de las disposiciones normativas en materia migratoria”.
La militarización de esta política, acusa, obliga a las personas migrantes a viajar por rutas clandestinas que los vuelven más vulnerables a muertes, desapariciones forzadas, secuestros, corrupción, discriminación racial y étnica, tráfico y trata de personas, abuso de autoridad, climas extremos y accidentes en tren, marítimos y carreteros, entre otros.