El organismo civil Propuesta Cívica rechazó la persistente criminalización del periodista Rafael León Segovia, conocido como “Lafita León”, detenido el pasado 24 de diciembre al ser acusado de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública.
Destacó que la Fiscalía General de Veracruz utilizó las coberturas del periodista sobre violencia e inseguridad como “prueba” de delitos, argumentando que su eficiencia al arribar a los hechos constituía un indicio de conocimiento previo de actividades criminales.
El juez de Control determinó que no existía vínculo alguno entre Rafael León y estructuras delictivas, desestimando completamente la acusación por terrorismo. Sin embargo, la audiencia estuvo marcada por inconsistencias, falta de argumentos sólidos e irregularidades en la actuación de la Fiscalía.
Propuesta Cívica consideró que detrás del cargo por terrorismo se encuentra una problemática más amplia: la clara intención de suprimir el periodismo crítico.
La organización valoró el año 2025 como un periodo caracterizado por la criminalización del ejercicio del periodismo y de la libertad de expresión ciudadana, con un nivel sin precedentes de persecuciones legales contra periodistas y personas de a pie que utilizaron las redes sociales para exigir la rendición de cuentas por parte de personas elegidas para desempeñar puestos públicos.
Llamado
Propuesta Cívica realizó un llamado a la Fiscalía General de Veracruz a retirar inmediatamente los cargos de encubrimiento por favorecimiento y delitos contra instituciones de seguridad pública; reparar completamente los daños patrimoniales causados durante la detención; y otorgar disculpas públicas por el trato discriminatorio recibido.
También urgió a las autoridades del estado a fortalecer mecanismos de control y supervisión de la Fiscalía estatal y a conducir una investigación integral e imparcial de la Fiscalía General del Estado por conducta abusiva.
El 24 de diciembre de 2025, Rafael León fue detenido en las inmediaciones de su domicilio durante un operativo que contó con participación de la policía y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, reportándose irregularidades graves, incluyendo la sustracción de efectivo y un vehículo durante el procedimiento.
Las acusaciones se basaron principalmente en la declaración de un “testigo protegido” cuyas declaraciones presentan contradicciones evidentes y fueron recabadas con graves irregularidades procedimentales.
Rafael León ha sido objeto de múltiples investigaciones infundadas anteriores, daños a su vehículo y presunta investigación intrusiva de cuentas familiares, directamente vinculados a su cobertura de violencia y crimen organizado.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH ha manifestado seguimiento puntual del caso, instando a las autoridades a garantizar las garantías judiciales y el debido proceso, registrando los reportes públicos sobre la detención y manifestando que continuará monitoreando de cerca el caso.
