El Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre detención arbitraria mostró preocupación por las presiones del Poder Ejecutivo al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), respecto a las menciones públicas a jueces que han emitido decisiones o sentencias que refutan las políticas gubernamentales.

En el Informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, el grupo identificó también que el Poder Judicial (PJ) federal se enfrenta a duros recortes presupuestarios, de hasta el 20 %, medidas que socavan la capacidad del mismo para llevar a cabo su trabajo de forma independiente, sin temor ni favoritismo.

“El Grupo de Trabajo acoge con satisfacción los cambios positivos en este respecto introducidos con la reforma de la justicia penal. Sin embargo, le preocupa saber que los miembros del Poder Ejecutivo han presionado a jueces, particularmente cuando esos jueces han dictaminado que las iniciativas del Ejecutivo contravienen la ley”.

“Tales medidas socavan la capacidad del PJ para llevar a cabo su trabajo de forma independiente, sin temor ni favoritismo. Al Grupo de Trabajo le preocupa que esto haya contribuido a la persistencia de un gran número de casos de detención arbitraria tanto a nivel federal como estatal”, menciona el documento.

Registra 90 mil presos sin sentencia

El documento elaborado por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria remarcó que detecta que la detención arbitraria en México es una práctica generalizada. Asimismo, criticó el uso excesivo de la prisión preventiva oficiosa y la persistencia del arraigo al resaltar que por ser violatorias de los derechos humanos, México debería eliminarlas de la Constitución.

Así también, el Grupo de Trabajo de la ONU detectó sobre Detención Arbitraria 90 mil presos sin sentencia en México, donde alrededor del 50 % están sujetos a detención preventiva oficiosa y los arrestos arbitrarios son una “práctica generalizada”.

Esta agrupación entregó ahora su informe sobre México ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas tras visitar el país 18 al 29 de septiembre de 2023, por invitación del Gobierno.

El documento exhorta a México a armonizar su enfoque sobre la detención preventiva con el derecho internacional de los derechos humanos.