En México operan al menos 400 bandas de “polleros” o “coyotes” que trafican con migrantes desde el sur del país hacia Estados Unidos, casi todos ellos en la impunidad y con vínculos con autoridades que les permiten operar, por lo que es necesario incrementar las sanciones penales a quienes realicen esta actividad, pero “blindar” a las organizaciones humanitarias para que no sean criminalizadas por su labor.
Aseveró el senador Manuel Añorve Baños, del PRI, quien presentó una propuesta para reformar la Ley General de Migración e imponer una pena de ocho a 16 años de prisión y una multa de cinco mil a 15 mil días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México, para quien trafique con personas en el territorio nacional.
La iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria señala que se aplicará dicha sanción a quienes “con propósito de tráfico lleve a una o más personas a internarse en otro país sin la documentación correspondiente, con objeto de obtener directa o indirectamente un lucro”.
Asimismo, la pena alcanza a quienes introduzcan “sin la documentación correspondiente, a uno o varios extranjeros a territorio mexicano, con objeto de obtener directa o indirectamente un lucro”.
