Tras la prórroga para verificar ambulancias públicas y privadas que no estaban regularizadas, este martes comenzó el operativo para suspenderlas, así como aplicar multas, entre ellas a quien robe la señal para servicios médicos públicos o del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM).
De acuerdo con el reglamento para ambulancias, el cual entró en vigor el 21 de febrero, se sancionará con prisión de seis meses a dos años y una multa de dos mil 405 a nueve mil 622 pesos para las ambulancias del sector público, social y privado que hagan uso indebido de la comunicación de emergencia para servicios médicos públicos o del CRUM.
De acuerdo con el artículo 38 del reglamento para regular los vehículos de uso como ambulancia que circulan en la ciudad: “Toda persona que haga uso indebido de comunicaciones reservadas relacionadas con servicios de atención médica prehospitalaria o directamente por el CRUM será sancionada de conformidad a lo establecido por el artículo 213 del Código Penal vigente en la Ciudad de México”.
Por otro lado, en el artículo 213 refiere a la revelación de secretos y menciona que cuando la información confidencial sea proporcionada por un servidor público también será destituido e inhabilitado de seis meses a tres años.
