Gracias a la aprobación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, México y sus instituciones vivirán en los próximos días una renovación en sus procesos de trasparencia y acceso a la información, los cuales se habrán de abrir a la opinión y escrutinio público, multiplicando la credibilidad del Gobierno.
Así, se fortalece el escrutinio ciudadano, sobre las actividades sustantivas de los sujetos obligados y consolida la apertura de las instituciones del Estado mexicano, mediante iniciativas de gobierno abierto, que mejorarán la gestión pública a través de la difusión de la información en formatos abiertos y accesibles.
Al mismo tiempo, esta apertura reducirá el margen de operación de las personas y reforzará el quehacer institucional, aminorando la posibilidad de ejercicios irregulares. Estas son acciones benéficas para el desarrollo del paìs, por lo que se trata de una acertada lógica de acuerdos.
Y es que el pleno de la Cámara de Diputados, aprobó la minuta enviada por el Senado de la República que expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con 383 votos a favor, 32 abstenciones y un voto en contra.
El dictamen de la minuta que continúa en discusión en lo particular y en lo que respecta a la presentación de reservas, tiene por objeto proveer lo necesario en el ámbito federal, para garantizar el derecho al acceso de la información pública.
Especifica y determinante resulta la reforma el Arti´culo 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la iInformacio´n Pu´blica Gubernamental, ya que en su Arti´culo 6 y 61 se detalla que debera´ favorecer el principio de ma´xima publicidad y disponibilidad de la informacio´n en posesio´n de los sujetos obligados.
Así, el derecho de acceso a la informacio´n pu´blica se interpretara´ conforme a la Constitucio´n Poli´tica de los Estados Unidos Mexicanos; la Declaracio´n Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poli´ticos.
Este ejercicio no es el primero en su tipo, en décadas pasadas y en años recientes se habían realizado esfuerzos por tener una mejor reglamentación en la materia.
Los primeros esfuerzos por contemplar en nuestra legislacio´n nacional el derecho a la informacio´n, se dieron en 1996 en la Ley General de Proteccio´n y Equilibrio Ecolo´gico, como respuesta a las recomendaciones establecidas en la Declaracio´n de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992.
Ineludiblemente, se tuvo que retomar la experiencia internacional que se encontraba aplicando en varios pai´ses y de lo cual se extrajeron los elementos necesarios que se adecuaron a la idiosincrasia del a´mbito nacional; lo que derivo´ en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacio´n Pu´blica Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federacio´n el 11 de junio de 2002. Posteriormente se publico´ en el mismo o´rgano de difusión oficial el Reglamento de la Ley mencionada, el 11 de junio de 2003.
De acuerdo con el dictamen actual se garantiza el derecho de acceso a la información que esté en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano, organismo, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad.
Estas acciones fortalecerán la lucha contra la corrupción, un mal que ha ido desgastando poco a poco nuestro régimen institucional. Un mal que no respeta órdenes de gobierno ni división de Poderes; y que no distingue tampoco colores partidistas. En la mayoría de las encuestas, la corrupción aparece, junto con la inseguridad, como el principal problema de México.
Indica el dictamen aprobado que se tiene que favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados, y regular los medios de impugnación que le compete resolver al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
En suma de cuentas la nueva Ley Federal de Transparencia multiplicará las acciones contra la corrupción, que en Mexico como en el mundo, constituyen un riesgo para el ejercicio de buen gobierno, obstruye además, el crecimiento económico, mina nuestras instituciones y atenta contra nuestra democracia. Y es que sólo mediante el esfuerzo conjunto entre los Poderes de la Unión y los representantes de la sociedad, es como lograremos mejoras significativas a nuestro marco regulatorio.
