Los coordinadores del PAN, PRI y PRD en la Cámara de Diputados presentaron una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre.
El grupo del Partido Acción Nacional (PAN) informó que el documento recibido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la tarde del 26 de diciembre de 2018 argumenta cinco puntos que, a decir de los legisladores, demuestran violaciones que se cometieron al aprobar diversos cambios en dicha ley.
Consideraron que se viola el principio de legalidad y principios de la democracia representativa, fundamentalmente el deliberativo, derivado del procedimiento legislativo en el que se aprobó el decreto de reformas a diversos artículos de la mencionada ley.
Ello porque el dictamen aprobado fue realizado después de un procedimiento viciado, que impidió el cumplimiento de las formalidades de la Ley Orgánica del Congreso, así como el Reglamento de la Cámara de Diputados, vulnerando los principios de la democracia representativa, fundamental de las actividades de cualquier asamblea democrática.
Los legisladores argumentaron inconsistencias, como que pese a que el 13 de noviembre se levantó la sesión el mismo día, en una sesión ordinaria nueva y posterior, se aprobó indebidamente la ley.
Además, opinaron, hubo un ejercicio arbitrario y discrecional por parte de la Mesa Directiva, que decidió discutir solamente esta propuesta de ley en la Comisión de Gobernación y Población, aunque se necesitaba la opinión de la de Seguridad Pública y las de Economía, Comercio y Competitividad, así como de la de Federalismo y Desarrollo Municipal.
Superdelegados
Los legisladores de PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD nuevamente manifestaron su inconformidad por la nueva figura de superdelegados y denunciaron la aparición de un sistema netamente centralista, que rompe con lo más esencial del sistema federal: la autonomía de las entidades federativas y la descentralización política.
Advirtieron que la creación de los llamados “superdelegados” genera un estado generalizado de incertidumbre, en perjuicio de los principios de legalidad y seguridad jurídica.
