Un tribunal federal confirmó que la Procuraduría General de la República (PGR) puede ejecutar la orden de presentación y localización girada en contra de la actriz Kate del Castillo para que declare en calidad de testigo dentro de la averiguación previa que abrió esa dependencia para indagar sus presuntos vínculos con Joaquín "El Chapo" Guzmán.
La resolución dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México señala que la suspensión otorgada a la actriz mexicana solo aplica en caso de que tenga calidad de indiciada en la citada averiguación previa, por lo que en caso ser citada en calidad de testigo dicha suspensión no es válida.
De acuerdo con el fallo, fueron desechados los argumentos presentados por la PGR al resolver el incidente de suspensión, derivado de que no se causa ningún perjuicio al Ministerio Público Federal para proseguir con la integración de la indagatoria.
Desechan amparo
Un juez federal desechó un juicio de amparo presentado por la legisladora sinaloense, Lucero Guadalupe Sánchez López, con el cual pretendía frenar el proceso de desafuero que se le sigue en la Cámara de Diputados por el delito de uso de documentos falsos.
La resolución fue dictada por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México dentro del expediente 701/2016, por lo que la Sección Instructora podrá seguir con el proceso de desafuero que se inició en San Lázaro a petición de la PGR.
Lucero Sánchez, también conocida como la “Chapodiputada” ha sido señalada por la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y la Procuraduría General de la República (PGR) como una de las personas que visitaba al líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, antes de su fuga en junio del 2015.
Según la indagatoria oficial, la legisladora local de Sinaloa se acreditaba con una credencial de elector que contenía datos falsos, por lo cual se inició una averiguación previa en su contra.
El juicio de amparo presentada por Lucero Sánchez impugnaba de manera directa los acuerdos dictados por la Sección Instructora en los que se rechazan las pruebas que presentó su defensa, alegando violaciones al debido proceso.
