La Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictaminó este pasado miércoles que Israel está obligado a permitir el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza y a garantizar que la población palestina reciba los recursos esenciales para sobrevivir.
El fallo, de carácter consultivo y no vinculante, fue rechazado de inmediato por el gobierno israelí. Sin embargo, la CIJ subrayó que sus opiniones tienen un “gran peso jurídico y autoridad moral”.
“La Corte considera que Israel tiene la obligación de aceptar y facilitar los programas de asistencia”, afirmó el presidente del tribunal, Yuji Iwasawa.
Entre esos organismos mencionó a la Unrwa, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, cuya actividad Israel prohibió tras acusar a algunos de sus empleados de participar en el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra. La CIJ concluyó que Israel no presentó pruebas que sustenten esas acusaciones.
Israel no participó en las audiencias y rechazó de plano el dictamen, escribió en la red social X el portavoz de la cancillería, Oren Marmorstein.
“Se trata de otro intento político de imponer medidas contra Israel bajo el disfraz del ‘Derecho Internacional’”, añadió.
Otro funcionario israelí declaró que el país “coopera con otras agencias de la ONU y organizaciones internacionales en temas relacionados con Gaza, pero no con la Unrwa”.
Pocas horas después del fallo, Noruega anunció que impulsará una resolución en la Asamblea General de la ONU para exigir que Israel levante las restricciones al ingreso de ayuda en Gaza.
Antes del pronunciamiento, la vocera del Programa Mundial de Alimentos (PMA) para Medio Oriente, Abeer Etefa, informó que desde el inicio del alto el fuego del 10 de octubre habían ingresado a Gaza 530 camiones del organismo, con más de 6 mil 700 toneladas de alimentos, suficientes para abastecer a cerca de medio millón de personas durante dos semanas.
